El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó ayer su “preocupación” por algunos puntos incluidos en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que envió el Gobierno al Congreso. La iniciativa, cuyo declarado objetivo es endurecer las penas contra quienes exploten recursos de Malvinas sin autorización, ha cosechado múltiples críticas por su impacto en la libertad de expresión, la modificación del rol de las Fuerzas Armadas y la concentración de poder.
En este marco, los abogados porteños reconocieron en un comunicado que “la defensa de la soberanía nacional y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado”, pero advirtieron que “los instrumentos destinados a alcanzar” esas metas “deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional”.
Desde esta perspectiva -alertaron-, algunas disposiciones del proyecto oficial “no son compatibles con los principios de un derecho penal liberal”, mientras cuestionaron que “algunos de los comportamientos a los que se alude en el proyecto como merecedores de graves sanciones penales o administrativas tienen tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance”.
En ese sentido, aclararon que “el principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, en particular cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad”.
Agregaron que “esta cuestión adquiere especial importancia respecto de las figuras penales vinculadas con la interferencia en los procesos electorales y las denominadas campañas de ‘desinformación masiva’”.
En la misma línea, los letrados de la Capital Federal insistieron en que “la prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”.
Además, reclamaron la revisión de “las facultades previstas para adoptar medidas preventivas antes de que exista una decisión definitiva” y plantearon que “la necesidad de actuar frente a situaciones que comprometan la seguridad nacional debe conciliarse con el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva”.
El texto firmado por el Colegio Público de la Abogacía de CABA concluyó ratificando “su compromiso con el respeto al Estado de derecho y las libertades públicas, en especial con la libertad de expresión cuya plena vigencia es esencial en una sociedad democrática”.
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