La paralización de los puertos argentinos, en rechazo a la desregulación del sector impulsada por el Gobierno nacional, bloquea el comercio fluvial y afecta el desarrollo de otras actividades.
El servicio de practicaje, que consiste en asistir a los barcos en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, permanece interrumpido tras la implementación del Decreto 690/2026, que desreguló el reglamento vigente para la actividad desde 1991.
La nueva normativa exime de contratar prácticos a capitanes extranjeros con experiencia, amplia las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir asistencia, elimina el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y habilita a Prefectura a prestar el servicio, entre otras modificaciones.
El importante cambio de condiciones en las reglas de la actividad produjo la desaprobación de los prácticos, que a pesar de no estar nucleados bajo un gremio decidieron de forma coordinada no aceptar nuevos contratos.
Con este impedimento y aún con la intimación de la Prefectura a los trabajadores para retomar la actividad, que se considera un servicio público, el panorama se vislumbra complejo y empieza a crecer la preocupación por el impacto en otros sectores.
En este sentido, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) informaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas debido a la “indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan”. Y alertaron que podría dificultar el abastecimiento de combustible por inconvenientes en el transporte.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, señaló que “cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día” y advirtió que “Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”.
Por otro lado, en Neuquén también se siente el efecto de la medida, ya que se detuvo la construcción de una terminal del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), a partir de la restricción del puerto de Bahía Blanca que impide realizar las maniobras pautadas.
La parálisis de los puertos abarca desde el extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. Impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad.
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este mediodía que el Gobierno aplicará sanciones a los trabajadores portuarios por el paro en los servicios de practicaje que mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país en rechazo a un decreto desregulador.
“No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmo el funcionario en su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada.
Agregó que el conflicto se originó porque “el Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia, se busca permitir que puedan entrar nuevos ‘jugadores’ (al sector portuario) con precios más competitivos para lograr un costo menor”.
El vocero se refirió de ese modo al paro en el servicio de los denominados ‘prácticos’, que asisten a los barcos de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, por lo que el tráfico permanece interrumpido tras la implementación del Decreto 690/2026. “La desregulación, que es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso, se aprobó con un decreto para adelantar los tiempos y que los costos logísticos bajen. Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo. No tengo detalle sobre las sanciones, pero van a ocurrir”, subrayó.
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