El intendente de La Plata, Julio Alak, expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional que busca modificar la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras y convocó a participar de la movilización prevista para este jueves 6 de agosto frente al Congreso de la Nación.
A través de un comunicado en X, Alak advirtió que la propuesta oficial pretende derogar los artículos centrales de la normativa que regula la propiedad, posesión y tenencia de las tierras rurales, lo que, según sostuvo, permitiría ampliar significativamente la compra de extensiones de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
En ese sentido, señaló que la eventual modificación abriría la posibilidad de que inversores extranjeros adquieran campos completos, costas de ríos y lagos, áreas fronterizas e incluso grandes porciones del territorio nacional, poniendo en riesgo la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.
Alak recordó además que en 2013, cuando se desempeñaba como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó junto a la coautora de la ley y entonces directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, el primer Relevamiento Nacional de Tierras Rurales. Aquel informe tuvo como objetivo controlar y hacer cumplir el límite establecido por la legislación, que fija en un 15% el máximo de tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras.
Según explicó, ese relevamiento determinó que, en ese momento, el 6% de la tierra rural del país pertenecía a propietarios extranjeros. Sin embargo, advirtió que el contexto actual presenta nuevos desafíos y aseguró que los recursos naturales y hasta la libertad de tránsito podrían verse comprometidos si se eliminan las restricciones vigentes.
"Eliminar la norma que protege nuestras tierras sería una afrenta a la soberanía nacional", sostuvo el mandatario platense, quien calificó como "urgente, justo y necesario" movilizarse este jueves para impedir que el Congreso avance con la derogación o modificación de la Ley de Tierras.
Finalmente, cuestionó la denominación del proyecto impulsado por el Gobierno, denominado "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada", al considerar que se trata de "un título engañoso, un caballo de Troya que no podemos dejar pasar".
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