El intendente de La Plata, Julio Alak, patrocinó a los familiares de Oscar Lorenzo Cogorno, Alberto Juan Abadie, Rolando Zanetta, Ramón Raúl Videla y Carlos Irigoyen en la presentación de una denuncia ante el Fuero Federal local para que se investiguen sus ejecuciones sumarias y solicitar la apertura de un Juicio por la Verdad.
“Hace 70 años negaron la democracia a fuerza de fusilamientos”, sostuvo el jefe comunal, quien realizó la presentación junto a los abogados Carlos Bonicatto y Jerónimo Guerrero Iraola, y agregó: “Hay heridas que atraviesan generaciones; hay silencios que también producen daño”.
“Las familias tienen derecho a conocer la verdad y la democracia tiene la obligación de buscarla”, agregó Alak, haciendo referencia a los fusilamientos de junio de 1956, y remarcó: “La verdad judicial devuelve dignidad a las víctimas, abraza a sus seres queridos y fortalece la memoria democrática de nuestro pueblo; la verdad también es reparación”.
EL DERECHO A LA VERDAD COMO FORMA DE REPARACIÓN
El derecho a la verdad no agota su contenido en la mera obtención de información histórica. Constituye una forma autónoma de reparación frente a graves violaciones a los derechos humanos. Su objeto no es únicamente conocer qué ocurrió, sino también restituir la dignidad de las víctimas, reconocer públicamente el daño causado y permitir la elaboración individual y colectiva del duelo.
La jurisprudencia nacional e internacional ha reconocido que la incertidumbre prolongada, el ocultamiento de los hechos y la ausencia de reconocimiento institucional generan un sufrimiento que se proyecta sobre los familiares, los allegados y la sociedad en su conjunto. Por ello, el esclarecimiento judicial de la verdad constituye una medida reparatoria en sí misma.
En el caso de los fusilamientos de junio de 1956, la afectación trasciende el ámbito estrictamente familiar. Las ejecuciones sumarias de Cogorno, Abadie, Zanetta, Videla e Irigoyen formaron parte de una política represiva dirigida a disciplinar y perseguir una identidad política determinada. El agravio alcanzó no sólo a las víctimas directas sino también a la comunidad política de pertenencia de aquellas.
En consecuencia, el Juicio por la Verdad aparece como una herramienta destinada a reparar simultáneamente tres dimensiones del daño: el individual padecido por las víctimas, el familiar derivado de décadas de silencio e incertidumbre y el colectivo sufrido por el pueblo peronista, cuya memoria histórica fue objeto de persecución y violencia estatal.
De esta manera, la reconstrucción judicial de los hechos constituye, en este contexto, una forma de reparación moral, histórica e institucional que el Estado democrático se encuentra obligado a garantizar.
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