La organización Poder Ciudadano volvió a poner en el centro de la agenda la necesidad de fortalecer las políticas de transparencia y prevención de la corrupción en Argentina. Durante su tradicional cena anual, su presidente, Martín D’Alessandro, cuestionó la ausencia de avances específicos en materia anticorrupción y advirtió sobre distintas medidas impulsadas durante los últimos años.
Bajo el lema “Las instituciones importan”, D’Alessandro sostuvo que la corrupción continúa siendo “una enfermedad endémica” en el país y señaló que permanece entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Frente a más de 800 asistentes reunidos en el Hotel Sheraton, planteó que la Argentina no solo no habría avanzado en nuevas políticas de transparencia, sino que, desde su perspectiva, “pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.
Entre los temas señalados por Poder Ciudadano aparecen la denominada “inocencia fiscal”, los cambios en las normas de financiamiento de los partidos políticos, el funcionamiento de los organismos de inteligencia y las modificaciones vinculadas con el acceso a la información pública y la participación ciudadana en la selección de funcionarios judiciales.
D’Alessandro también cuestionó la reforma política por los cambios en los límites para las donaciones de campaña y por la posibilidad de desarrollar campañas paralelas con menores controles. Según sostuvo, esas modificaciones se alejan de buenas prácticas internacionales en materia de transparencia electoral.
Otro de los puntos señalados fue el crecimiento del gasto en organismos de inteligencia sin mecanismos de rendición de cuentas que, según la organización, permitan un control suficiente sobre esos recursos.
El presidente de Poder Ciudadano también hizo referencia a los cambios en las reglas de acceso a la información pública. En particular, cuestionó el decreto 780/2024, que modificó aspectos de la normativa y estableció nuevas condiciones para el acceso a determinada información vinculada con funcionarios públicos.
A esto sumó críticas al decreto 467/2026, que modificó el procedimiento de participación ciudadana en la designación de integrantes de la Corte Suprema y otros cargos del sistema judicial. Según D’Alessandro, la reducción de las instancias de participación constituye un retroceso para la sociedad civil.
La organización también expresó preocupación por las iniciativas relacionadas con la regulación del lobby y por las obligaciones de información que podrían alcanzar a organizaciones no gubernamentales.
En su exposición, D’Alessandro vinculó además la transparencia institucional con la economía. Recordó que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a la Argentina en el puesto 104 entre 182 países, con 36 puntos sobre 100, según el último registro citado por Poder Ciudadano. La entidad remarcó que se trata del peor resultado argentino de la última década.
Para D’Alessandro, los problemas de transparencia también tienen consecuencias económicas, porque la corrupción aumenta la incertidumbre, afecta las condiciones para invertir y puede deteriorar la confianza en las instituciones.
El dirigente rechazó además la idea de que una reducción del tamaño del Estado, por sí sola, vaya a eliminar los riesgos de corrupción. A su entender, la desregulación sin mecanismos adecuados de control puede generar nuevas oportunidades para maniobras irregulares.
Poder Ciudadano planteó así la necesidad de que las políticas de transparencia sean sostenidas independientemente de quién se encuentre al frente del Gobierno. D’Alessandro remarcó que la posición de la organización pretende aplicarse “gobierne quien gobierne” y sostuvo que ninguna política pública o identificación partidaria debería justificar el debilitamiento de los mecanismos de control.
“El desafío es recuperar la confianza en las instituciones”, fue el eje de la advertencia realizada durante el encuentro, en el que la organización volvió a reclamar mayores niveles de transparencia, acceso a la información y participación de la sociedad civil.
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