Antes del anuncio, la Casa Rosada amenazó con sanciones y cárcel

“Seguramente va a haber sanciones; (...) se está decidiendo en este mismo momento”, advirtió ayer el vocero presidencial, Adrián Ravier, mientras casi en simultáneo la Casa Rosada negociaba con el sector de los prácticos marítimos el acuerdo que terminaría concretándose a última hora de la tarde de ayer.

Ravier también defendió el decreto 690/2026 que desreguló la actividad y que derivó en la parálisis de los puertos y de las exportaciones que salen de ellos como una medida para “abaratar costos”. Algo que el sector rechazó con una protesta que se extendió por cuatro días, que impactó en el Puerto La Plata y que, por ejemplo, amenazaba con resentir el abastecimiento de combustible.

En este marco, más de 500 trabajadores fueron intimados por Prefectura Naval Argentina para que volvieran, de forma inmediata, a desempeñar sus tareas en servicios de practicaje y pilotaje en puertos, ríos, canales y pasos de todo el país. La medida se oficializó a través de un edicto que publicado en el Boletín Oficial, donde el organismo se presentó como la autoridad con “responsabilidad operativa y disciplinaria” en la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje aprobado por el Decreto 690/2026

Además, advirtió que “frente al incumplimiento de la presente intimación será objeto de las sanciones disciplinarias contenidas en el Anexo I del Decreto N° 690/26 por ser considerada falta grave la negativa a prestar el servicio”.

Además, aludió a los posibles penas que establece el Código Penal para los “delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación, bajo la figura del artículo 190, que prevé de dos a ocho años de prisión”. También citó el artículo 194”, que refiere a la persona “que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” con prisión de tres meses a dos años.