La causa que sacude a ARSAT avanza sobre un entramado de funcionarios conocido en los pasillos de la administración pública como “la banda de los mendocinos”, un grupo que durante años ocupó posiciones estratégicas dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones y que ahora quedó bajo la lupa judicial por presuntas maniobras de corrupción.
La investigación comenzó a partir de un hecho aparentemente aislado: el robo de equipamiento tecnológico de alto valor almacenado en un depósito ubicado en San Fernando. Sin embargo, a medida que avanzaron las pesquisas, los investigadores detectaron posibles irregularidades en las contrataciones vinculadas a ese predio y el expediente terminó revelando una trama mucho más amplia, que incluiría direccionamiento de contratos, sobreprecios y presuntos pagos de coimas.
En el centro de la investigación aparece Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), quien fue detenido luego de una serie de allanamientos realizados en Buenos Aires y Mendoza. Durante esos procedimientos, la Justicia secuestró más de dos millones de dólares en efectivo, además de distintas sustancias ilegales y documentación que ahora es analizada por los investigadores.
Arsat: las sospechas
Según la causa, el origen de las sospechas se remonta a la contratación de una empresa logística encargada de almacenar materiales sensibles pertenecientes a la Red Federal de Fibra Óptica. El caso tomó relevancia cuando se detectó que las cámaras de seguridad del depósito no funcionaban y que el sistema de protección perimetral presentaba fallas al momento del robo. A partir de allí, el fiscal a cargo ordenó medidas de prueba y el secuestro de teléfonos celulares, cuyo análisis permitió reconstruir presuntas comunicaciones comprometedoras entre empresarios y funcionarios.
La Justicia sospecha que la contratación de la firma habría sido direccionada mediante mecanismos que buscaban aparentar una competencia formal. Los investigadores detectaron que varias empresas que participaron del proceso licitatorio tendrían vínculos entre sí, lo que alimentó las sospechas sobre una posible simulación de ofertas para favorecer a un proveedor determinado.
Dentro del grupo investigado aparecen nombres que ocuparon cargos clave en ARSAT durante los últimos años. Entre ellos figuran Gerardo Boschin, vinculado a las áreas de compras y contrataciones; Juan Andrés Navarro, que tuvo responsabilidades en la gestión administrativa y financiera; y Pablo Gastón Pagani, relacionado con decisiones vinculadas a contratos bajo sospecha. Todos integraban un núcleo de funcionarios oriundos de Mendoza que logró mantenerse dentro de la estructura estatal durante distintas administraciones políticas.
Hallaron una fortuna en los allanamientos
Las sospechas no se limitan únicamente a las contrataciones. El hallazgo de una importante cantidad de dinero en efectivo durante los allanamientos profundizó las dudas sobre el origen de los fondos. De acuerdo con la información incorporada al expediente, en una propiedad de Leal en la Ciudad de Buenos Aires fueron encontrados cientos de miles de dólares guardados en una caja fuerte, mientras que en Mendoza aparecieron más de 1,7 millones de dólares adicionales. La cifra total rondaría los 2,4 millones de dólares.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la diferencia entre el dinero secuestrado y los bienes declarados oficialmente por el ex funcionario. La documentación analizada hasta el momento mostraría una brecha significativa entre los montos encontrados y los activos informados en sus declaraciones patrimoniales.
Vínculos con transporte e infraestructura
La denominada “banda de los mendocinos” no solo logró consolidar posiciones dentro de ARSAT. Varios de sus integrantes también ocuparon cargos relevantes en otras dependencias estatales vinculadas al transporte y la infraestructura durante los últimos años. Esa capacidad para mantenerse en puestos estratégicos, independientemente de los cambios de gestión, es uno de los elementos que hoy analizan los investigadores para reconstruir cómo funcionaba la estructura.
Los investigadores sostienen que el análisis de computadoras, teléfonos, documentación y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos será clave para determinar si existió un sistema organizado para beneficiar contrataciones y obtener retornos económicos. Mientras tanto, la causa permanece bajo secreto de sumario y el juez a cargo debe definir los próximos pasos procesales, entre ellos posibles llamados a indagatoria para varios de los involucrados.
Con millones de dólares secuestrados, sospechas de sobornos, contratos bajo investigación y una extensa red de vínculos políticos y empresariales, el expediente se convirtió en uno de los casos de presunta corrupción más resonantes que hoy enfrenta una empresa estatal argentina.
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