Lázaro Báez quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero y vínculos con una organización dedicada al narcotráfico. Una serie de audios y escuchas telefónicas, difundidos en las últimas horas, comprometen al empresario kirchnerista y exponen cómo habría continuado dando órdenes sobre sus propiedades y empresas desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión.
Las grabaciones forman parte de una causa que tramita en la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate, y que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos agravado, insolvencia fraudulenta y defraudación. La pesquisa también analiza los vínculos de los involucrados con una estructura vinculada al narcotráfico en la Patagonia.
Uno de los elementos centrales de la investigación son las conversaciones entre Báez y Cristian Ibañez, señalado por los investigadores como uno de los hombres que administraba sus negocios en Santa Cruz. En los diálogos, registrados mientras el empresario estaba detenido, se escuchan instrucciones sobre alquileres, cobros, administración de estancias y movimientos de dinero.
Una de las frases más contundentes aparece en una conversación con una persona vinculada al alquiler de propiedades comerciales en Río Gallegos. Allí, Báez reclama mayores ingresos y deja en claro quién considera que tiene el control de los negocios: "El dueño de la historia acá soy yo", sostiene durante la comunicación.
En otras escuchas también se advierte su intervención en decisiones sobre las estancias La Entrerriana y Alquinta, dos establecimientos rurales que forman parte del patrimonio alcanzado por medidas judiciales. En una de las conversaciones, el empresario discute con Ibañez sobre quiénes debían quedar a cargo de la administración y advierte que, si no siguen sus indicaciones, podría intervenir directamente para desplazar a los responsables.
La investigación sostiene que la estructura habría continuado explotando comercialmente bienes que se encontraban embargados o sujetos a decomiso judicial en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K. Entre ellos figuran propiedades rurales, inmuebles comerciales y sociedades vinculadas al Grupo Austral.
Un circuito de casi $400 millones
De acuerdo con la documentación reunida por la fiscalía, el entramado habría puesto en circulación aproximadamente $390,8 millones. Los investigadores detectaron movimientos financieros, operaciones comerciales y transferencias que habrían permitido mantener activos en funcionamiento y derivar sus beneficios económicos sin respetar las restricciones judiciales.
Entre las firmas mencionadas aparecen Austral Agro y Kank y Costilla, empresas vinculadas al patrimonio de Báez y a las investigaciones por lavado de dinero y obra pública.
Otro elemento incorporado al expediente son dos cuadernos secuestrados durante los procedimientos. Uno estaba en poder de Báez dentro de su celda y contenía anotaciones sobre ingresos, propiedades, cobros y movimientos económicos. El otro pertenecía a su pareja, Claudia Insaurralde, y registraba fechas de pagos, personas involucradas y montos pendientes.
Insaurralde también quedó comprometida en la investigación y fue detenida durante los últimos días. La fiscalía considera que habría tenido un papel en la administración de los bienes y en la circulación del dinero.
La conexión con una causa por narcotráfico
El expediente también tiene un capítulo relacionado con el tráfico de drogas. La pista surgió a partir de escuchas realizadas sobre teléfonos de personas investigadas en una causa conocida como "Lubricentro", vinculada a la comercialización de estupefacientes en la Patagonia.
En ese contexto aparecieron comunicaciones en las que se mencionaba a Báez bajo el apodo de "el Tío". Los investigadores comenzaron a seguir esos contactos y detectaron conexiones entre los movimientos comerciales del empresario y personas bajo sospecha por narcotráfico.
La pesquisa también analiza un operativo en Comodoro Rivadavia en el que se secuestraron 60 kilos de cocaína y busca determinar el alcance de los vínculos entre los distintos involucrados.
La causa cuenta con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), además de los fiscales Diego Velasco, Diego Luciani y Abel Córdoba.
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