El gobierno de Javier Milei sigue pasándole la motosierra al Estado. Ahora, busca desprenderse de otros 20.000 empleados de la administración pública a través de un sistema de retiros voluntarios que se publicó hoy en el Boletín Oficial y que anunció en redes el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
“El Decreto 1023/26 con firma de Javier Milei, Diego Santilli y quien escribe, lanza un retiro voluntario para empleados de la administración pública (unos 20.000 son elegibles para participar, si así lo desean)”, escribió Sturzenegger en su cuenta de X y advirtió: “Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)”. Finalmente, justificó: “Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”.
Con esta nueva medida, centrada en trabajadores estatales que por su edad están próximos a jubilarse, el Gobierno apunta a reducir en un 25% la plantilla de la administración pública nacional para fin de año, si se tiene en cuenta que de los 341.000 agentes que tenía al Estado cuando asumió Milei, ya son más de 77.000 los que dejaron de pertenecer a la planta entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, según datos difundidos por el propio Sturzenegger.
En cuanto a las compensaciones, varían según edad, antigüedad y aportes previsionales.
Para el grupo de hombres y mujeres de entre 58 y 63 años sin aportes suficientes para jubilarse, se propone abonar el 60 por ciento del sueldo durante tres años. Un segundo grupo, de empleados con esa franja de edad y aportes suficientes para jubilarse, percibiría una única remuneración mensual por cada año trabajado. El tercer grupo, que abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, recibiría un sueldo por año trabajado, con un tope general de veinte salarios.
La adhesión al régimen implica el cese de la relación laboral y que el cargo presupuestario correspondiente debe ser eliminado. De modo que el mecanismo no se limita a una compensación económica para el agente que decide dejar su puesto: busca que la vacante no permanezca disponible dentro de la estructura de cada dependencia.
Por otro lado, se establece una limitación para el reingreso: quien acepte el retiro no podrá volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante ocho años. Según se explicó, la medida busca evitar que una salida indemnizada sea seguida por una nueva contratación estatal en el corto plazo.
“El programa no tiene una meta predeterminada de retiros. No buscamos alcanzar una cantidad determinada de desvinculaciones, sino seguir adecuando las dotaciones del Estado a las funciones que efectivamente necesita cumplir”, afirmaron en el entorno de Sturzenegger. Agregaron que el plan “es una herramienta para aquellos organismos que tienen estructuras sobredimensionadas, funciones duplicadas o puestos que dejaron de ser necesarios. Cada retiro requiere la decisión voluntaria del trabajador y la aprobación del Estado, que evaluará cada solicitud en función de las necesidades del organismo”.
Del plan, que en principio se extenderá desde el primero al último día de noviembre, solo quedan exceptuados el personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia.
El régimen excluye también a quienes ya cumplan las condiciones para jubilarse, hayan iniciado ese trámite o tengan una renuncia pendiente de aceptación, entre otras situaciones previstas en el anexo de la norma.
Tampoco podrán adherir agentes sometidos a procesos o sumarios por determinadas faltas, ni quienes mantengan reclamos contra el Estado por su vínculo laboral sin desistir de esas acciones. La restricción no alcanza a los reclamos fundados en la Ley de Riesgos del Trabajo.
De 7.299 a 77.515 puestos menos
A diferencia de lo que ocurrió en los primeros dos años de gestión libertaria, cuando los recortes de personal se enfocaron en el área de la administración central, a partir de este año el Gobierno buscó achicar en organismos descentralizados.
De acuerdo con los datos oficiales, en enero de 2024 la administración Milei contaba con 7.299 puestos menos que en diciembre de 2023. En los meses que siguieron, la diferencia se amplió: llegó a 15.799 en abril, superó los 24.000 en junio y alcanzó 37.356 al cierre de 2024.
La reducción creció durante 2025. El total acumulado rondaba los 45.015 cargos menos en marzo, pasó los 50.000 en mayo y terminó diciembre en 61.657. En los primeros ocho meses de 2026, la baja avanzó desde los 64.842 puestos en enero hasta 77.515 al terminar agosto.
El descenso provino tanto de la administración centralizada y descentralizada. Las empresas del Estado también explican una parte relevante del achique, mientras que el personal militar y de seguridad tuvo una incidencia menor dentro del total. No obstante, las tres áreas integran el cálculo difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La administración centralizada, cabe aclarar, incluye ministerios, secretarías y dependencias que dependen de manera directa del Poder Ejecutivo. Mientras que la descentralizada comprende a organismos con funciones específicas y autonomía administrativa. En tanto que las empresas del Estado son aquellas sociedades bajo control público. Por último, el segmento de seguridad y defensa agrupa a las fuerzas y al personal militar.
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