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Avanzan con nombramientos de jueces federales: dos para La Plata

Fueron formalizados por un decreto firmado por Milei y el ministro Mahiques. También hubo cargos para el Ministerio Público
el presidente, javier milei, junto al ministro mahiques/web

Por Redacción

A través de una serie de decretos publicados ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó los nombramientos de nuevos jueces federales para distintos lugares del país, dos de ellos para La Plata. Se trata de Claudio Ricardo Silvestri, que fue designado como juez de Cámara del Tribunal Oral en los Criminal Nº1. El otro magistrado es Pablo Ezequiel Wilk, designado como juez de Cámara del Tribunal Oral en los Criminal Federal Nº2.

Además de los cargos asignados en la Ciudad, el Ejecutivo avanzó con nombramientos en distintos juzgados nacionales de la Capital Federal. Entre ellos quedaron oficializadas Paula Fuertes para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, Soledad Eugenia Mariño para el N°18 y José Miguel Guerrero para el N°1.

También fueron designadas Laura Wiszniacki como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62 y Diego Allievi al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°10. En tanto, Analía Victoria Romero fue nombrada vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Jorge Djivaris vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Respecto al Ministerio Público, tres de las desigaciones ocuparán cargos en las defensorías públicas, mientras que la restante estará en una fiscalía.

Lucas Marcelo Bellotti San Martín fue designado como “Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Juzgados nacionales de primera instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N°2“.

En otro se indicó: “Nómbrase Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados nacionales de primera instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 3, a la doctora Marcela Lorena Sasso”.

Además, se designó como “fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9, al doctor Santiago Vismara” y como “Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1, a la doctora María Inés Reston”.

La semana pasada, el Gobierno ya había oficializado otras designaciones judiciales. Entre ellas se destacó la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; como titular del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. También fueron nombrados Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de esa provincia y Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

FLEXIBILIZACIÓN PARA LA CORTE

Mientras, tal como lo adelantó este diario en su edición de ayer, el gobierno avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.

Mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas previas al envío de las postulaciones para los cargos mencionados.

La normativa, firmada por el ministro de Justicia Mahiques (hijo), elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.

El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.

Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas, alcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.

Pero la reforma no altera el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado. La votación por dos tercios de los miembros presentes quedan intactas.

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