La Cámara de Diputados avanzó ayer en comisiones con el proyecto para incorporar la figura del “vandalismo rural” al Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de cárcel por la intrusión en campos y los ataques al sistema de producción agropecuaria.
La iniciativa, impulsada por el PRO, se discutió en un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Legislación Penal, en cuyo transcurso se firmó un dictamen de mayoría avalado por la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales.
Por otro lado, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda promovieron sus propios despachos de minoría.
Según detalló la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, el dictamen de mayoría reunió 41 de las 66 firmas de los legisladores presentes, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión en el recinto.
El proyecto impulsado por el macrista Martín Ardohain establece que será reprimido con penas de prisión de un mes a un año quien ingrese a un establecimiento rural, un terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.
Además, prevé que será penalizado con dos a ocho años y multas de hasta 12 veces el valor del daño el que destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario o cereales u oleaginosas todavía no cosechadas, o que luego de recolectados se conserven o guarden en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sitios o unidades de almacenamiento.
Al respecto, Ardohain señaló que “hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país. Debemos salir de una visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior profundo”.
El legislador -que preside la comisión de Agricultura- señaló que el articulo 150 bis “incorpora la figura de vandalismo rural: entrar a un predio, que esté cercado, que tenga un cartel, que tenga una tranquera, a partir de la sanción de esta ley va a ser un delito penal, con penas que van de un mes a un año de cárcel”.
El autor del proyecto precisó que la incorporación del artículo 184 bis aumenta las penas hasta de ocho años ” a quien cometa un delito adentro de esa propiedad y no solamente en los bienes materiales, sino que esté dañando la parte productiva”.
“Hoy entrar a una propiedad privada a cazar, a llevarse algo o a lo que sea, no es un delito, es una es una contravención”, agregó.
En tanto, el diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez consideró que es “un proyecto inconveniente que no va a solucionar las cuestiones que la buena intención de quienes lo han presentado permitiría o intentarían solucionar”
Advirtió que “si apoyan este proyecto van a generar una duplicación normativa de lo que ya está previsto en el Código Penal con un tremendo agravante, van a bajar las penas en todos los delitos que afectan la producción agropecuaria”.
Desde Provincias Unidas, Carlos Gutiérrez celebró “haber logrado un avance racional y, en lugar de buscar una reforma profunda -difícil de consensuar-, modificar los artículos necesarios para modernizar la protección hacia los productores”.
“Los artículos 150bis y 184bis que se incorporan en este proyecto son un aporte fundamental para establecer una precisión respecto del delito rural, que no está claramente tipificado en el Código Penal vigente”, explicó el legislador,
Aseguró que “la realidad actual muestra que la sola existencia de un alambrado o una tranquera son insuficientes para frenar el avance del vandalismo, un verdadero dolor de cabeza para los productores”.
En tanto, la legisladora de izquierda Myriam Bregman (FIT) consideró que “lo que se está tratando con este expediente que presenta el oficialismo es proteger a los Lewis”. y con esta ley “están blindando la ley de tierras”.
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