La reciente disputa entre la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y la conducción del Poder Ejecutivo -encabezada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- evidencia cierta fisura en el esquema de poder oficialista. Lo que inicialmente se planteó como una discrepancia puntual por el pliego de una magistrada expuso tensiones estructurales respecto a la conducción política, la gestión de los nombramientos judiciales y las ambiciones de cara al escenario electoral de 2027.
La foto de unidad que se sacaron Karina Milei y Bullrich en la Casa Rosada no tapa la crisis política interna. Lo que empezó como un desacuerdo por el nombramiento de una jueza terminó mostrando que la senadora busca acumular poder propio de cara al año electoral. Además, el conflicto dejó a la vista los problemas que tiene el Gobierno para coordinar la gestión.
La pelea empezó cuando Bullrich se plantó y dijo que no iba a acatar la orden de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. El motivo del Gobierno para frenarla era que la abogada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, a quien el presidente considera un enemigo. Para no dar esa explicación en público, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, armó una salida técnica. El argumento oficial será que el tribunal para el que postulaba Michelli fue creado en 2010 pero nunca tuvo presupuesto, oficinas ni personal, por lo que el Gobierno buscará cerrarlo definitivamente.
El desmarque de Bullrich golpea al oficialismo en los temas más difíciles de explicar. El primero es la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por el crecimiento de sus bienes desde que entró al Estado. Adorni planea presentar su declaración jurada recién el jueves 11 de junio, el mismo día que empieza el Mundial de Fútbol, para intentar que el tema pase desapercibido. Al mismo tiempo, el entorno presidencial vive su propia interna. El asesor Santiago Caputo y Karina Milei pelean por el armado político, una disputa que ya salpicó a la Fundación Faro, el centro de recaudación libertario que ahora investiga la Inspección General de Justicia. Con la vicepresidenta Victoria Villarruel marginada, la rebeldía de Bullrich en el Senado complica todavía más el frente legislativo.
La senadora no quiere irse del gobierno, sino obligar a los Milei a renegociar la alianza. Bullrich sabe que tiene buena imagen entre los votantes oficialistas y el PRO. Su objetivo final no es la Jefatura de Gobierno porteña, sino hallar un lugar de mayor preponderancia de cara a las elecciones de 2027. Para los hermanos Milei es muy difícil romper con ella, porque la necesitan para mantener la mayoría en el Senado.
Esta crisis llega justo cuando el Gobierno busca aprobar el nombramiento de 300 jueces y fiscales para cubrir juzgados clave, como los de Comodoro Py, donde se investiga a los funcionarios públicos. El Ministerio de Justicia ya mandó 150 pliegos y el Senado aprobó la mitad. Al oficialismo le apura este tema desde el año pasado, cuando se complicó la situación judicial de los Milei por la causa de la criptomoneda $LIBRA y las denuncias por compras en el área de discapacidad.
Para colmo, la Casa Rosada busca contra reloj una reforma política para eliminar las PASO y perjudicar a la oposición. Como el peronismo, el PRO y el radicalismo se oponen, el Gobierno les ofreció a los gobernadores suspender las primarias solo por esta vez y permitir listas colectoras a cambio de que adelanten las elecciones en sus provincias. Pero los mandatarios provinciales desconfían de las promesas oficiales. Mientras el equipo económico insiste en que la mejora de los números va a ordenar la política, la jugada de Bullrich demuestra que es muy difícil arreglar la economía si el propio Gobierno no puede ordenar sus filas internas.
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