La situación judicial de Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo tras la difusión de documentación que vincularía a una empresa del negocio de las fotomultas con personas de su entorno familiar.
La investigación, presentada por la periodista Guadalupe Vázquez en Radio Rivadavia, pone el foco en Always Group S.A., una firma tecnológica dedicada, entre otras actividades, a la provisión de cinemómetros y sistemas utilizados para el control del tránsito.
Según la documentación difundida, Priscila Ferrante, sobrina de Jesica Cirio, expareja del exintendente de Lomas de Zamora, habría trabajado en la compañía entre 2016 y 2018. Ese vínculo laboral es uno de los elementos que ahora comenzaron a ser analizados en el marco de las pesquisas que rodean al exfuncionario bonaerense.
Uno de los aspectos que despertó interrogantes es que la empresa fue incorporada al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires apenas diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete bonaerense, en septiembre de 2021.
La cercanía entre ambas fechas fue señalada por la investigación como un dato relevante, aunque por el momento no implica por sí sola la existencia de una irregularidad. El objetivo de la Justicia será establecer si hubo algún tipo de intervención, beneficio o direccionamiento en favor de la compañía.
Contrataciones y homologación de equipos
De acuerdo con la investigación, la inscripción de Always Group coincidió con una mayor participación de la firma en contrataciones públicas vinculadas al sistema de fotomultas, un esquema que ya había quedado bajo investigación judicial por presuntas irregularidades durante la gestión del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio.
La documentación también señala que en 2022 Insaurralde habría firmado la homologación de equipos pertenecientes a la empresa, un requisito administrativo indispensable para que esos dispositivos pudieran ser utilizados dentro del sistema oficial de control de tránsito.
La homologación permite certificar que los cinemómetros cumplen con las exigencias técnicas necesarias para detectar infracciones, registrar velocidades y generar actas con validez administrativa. A partir de ese trámite, los equipos pueden ser incorporados por distintos organismos o municipios.
Asimismo, se indicó que los dispositivos homologados habrían sido utilizados en varios distritos bonaerenses. En el caso de Lomas de Zamora, no pudo verificarse formalmente la existencia de contrataciones debido a la falta de acceso público al registro de proveedores del distrito. Sin embargo, la investigación sostiene que allí funcionarían equipos vinculados a la firma analizada.
La situación patrimonial y las nuevas hipótesis
Otro de los puntos mencionados en la investigación es la situación patrimonial de Priscila Ferrante. Según se informó, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para reconstruir la evolución de sus bienes y determinar si existen elementos que justifiquen ampliar la pesquisa.
El análisis busca establecer si los ingresos declarados guardan relación con el patrimonio acumulado y si existieron movimientos económicos que puedan estar vinculados con las maniobras investigadas.
Además, Ferrante ya había aparecido mencionada en otra causa vinculada a presuntas operaciones de facturación apócrifa junto a su expareja, Ever Russo. Esa información también sería evaluada para determinar si existe algún punto de contacto entre los distintos expedientes.
La investigación advierte, a su vez, sobre una presunta triangulación de fondos mediante universidades nacionales para canalizar contrataciones relacionadas con el sistema de fotomultas. Este mecanismo habría permitido instrumentar convenios y contrataciones por fuera de los procedimientos administrativos habituales.
Según lo difundido, la utilización de universidades como intermediarias ya había sido detectada en otras actuaciones vinculadas con el sistema de control de tránsito y constituye uno de los aspectos que los investigadores buscan reconstruir.
La documentación ya está en manos de los fiscales
Todo el material recopilado fue entregado al fiscal Sergio Morla, quien investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde, y al fiscal Álvaro Garganta, a cargo del expediente por las supuestas irregularidades en el sistema de fotomultas.
La documentación incluye registros societarios, antecedentes laborales, inscripciones como proveedor, homologaciones de equipos y datos sobre contrataciones realizadas con organismos públicos.
Según la investigación periodística, esta nueva línea podría sumarse a otras hipótesis sobre presuntas fuentes de financiamiento atribuidas al exfuncionario, entre ellas el manejo de recursos de la Jefatura de Gabinete bonaerense, el negocio del juego y desarrollos inmobiliarios en la costa atlántica.
Los fiscales deberán determinar ahora si los elementos aportados tienen relación directa con las causas en trámite o si corresponde abrir nuevas medidas de prueba, solicitar informes y citar a posibles involucrados.
La causa permanece en etapa de investigación y será la Justicia la que determine si existen elementos suficientes para avanzar sobre las maniobras denunciadas y establecer eventuales responsabilidades penales.
SUSCRIBITE a esta promo especial