Con la condena por la causa Vialidad firme tras el rechazo de la Corte Suprema al último recurso de su defensa y agotadas todas las instancias en la Justicia argentina, Cristina Kirchner dio un paso más allá en su estrategia judicial y política. La expresidenta presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y exigir medidas cautelares que suspendan esa prohibición mientras el organismo analiza el caso.
El anuncio -que llegó tras el conflicto generado por los insultos de Javier Milei a Lula- fue acompañado por una extensa carta abierta y columnas de opinión que la exmandataria publicó simultáneamente en diarios como El País (España), Libération (Francia) y Folha de São Paulo (Brasil). De esta manera, la exfuncionaria buscó internacionalizar el caso y denunciar una persecución judicial destinada a proscribirla políticamente.
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, advirtió Cristina en su carta
En la misma línea, la exjefa de Estado incorporó a dos abogados con trayectoria en el exterior: el brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva ante la ONU durante la causa Lava Jato, y el español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos trabajarán junto a Carlos Beraldi, quien encabezará el equipo desde Argentina.
LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
La presentación sostiene que durante la causa Vialidad se vulneraron derechos como el de votar y ser elegida, al considerar que el proceso tuvo como finalidad impedir futuras candidaturas; el derecho a un juicio justo; el derecho a que la condena fuera revisada por un tribunal superior; la garantía contra el doble juzgamiento al señalar que 49 de las 51 adjudicaciones de obras públicas investigadas ya habían sido analizadas en expedientes anteriores; y el derecho a un recurso judicial efectivo, al cuestionar la actual integración de la Corte Suprema.
En conferencia de prensa, Beraldi explicó que la vía internacional quedó habilitada tras el fallo del máximo tribunal y aseguró que su defendida fue condenada por un delito que “de ningún modo pudo cometer”. Por su parte, Valim afirmó que recurrir al Comité “no constituye un acto de agresión” contra la Justicia argentina, sino el ejercicio de un derecho previsto por el orden constitucional. Añadió que eligieron ese organismo en lugar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ofrecer un acceso directo y mayor efectividad.
Boorego, que fue cuestionado en España por sus burlas sobre el colectivo trans, advirtió ayer que Cristina fue víctima de un proceso atravesado por el “machismo estructural” y destinado a excluir de la competencia electoral a “una mujer dos veces elegida presidenta”.
En su carta, la exmandataria también subrayó que su condena responde a “graves violaciones de derechos humanos” derivadas de un “machismo estructural” presente en sectores del Poder Judicial. Insistió en que fue juzgada por su condición de mujer, que la inhabilitación perpetua constituye una “proscripción política” destinada a impedir que vuelva a competir electoralmente. Vinculó esa “persecución” con el intento de asesinato que sufrió en 2022 y con una tendencia internacional a utilizar los sistemas judiciales para neutralizar dirigentes con respaldo popular.
Uno de sus abogados no descartó que pueda presentarse en las PASO de 2027
Como parte de la estrategia judicial, Borrego dejó abierta la puerta para una eventual candidatura en las PASO del año próximo: “¿Las elecciones primarias son para ocupar un cargo público? No. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones. Entonces se podría presentar”, planteó. Sin embargo, el propio Beraldi matizó la postura y dijo que está sujeta a cómo avance el proceso “en el plano internacional”.
TRIPLE CAUTELAR
La defensa denunció además manipulación en la asignación de la causa, vínculos entre jueces, fiscales y dirigentes opositores, afectación de la presunción de inocencia y falta de imparcialidad. También solicitó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua; la modificación del régimen de prisión domiciliaria, con el retiro de la tobillera electrónica, el fin de las restricciones de visitas y un trato igualitario respecto de otros detenidos; y el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema.
El pedido de suspender la inhabilitación constituye el principal objetivo político de la presentación. Según Valim, el Comité de la ONU tiene antecedentes contrarios a las inhabilitaciones perpetuas y asimiló el caso de la exvicepresidenta con el de Lula en Brasil, quien acudió al mismo organismo internacional durante la causa Lava Jato. Sin embargo, marcó una diferencia: el mandatario brasileño recurrió a la ONU antes de agotar las instancias internas; Cristina lo hizo recién después del fallo de la Corte.
Por otro lado, la estrategia fue respaldada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina en otras causas quien a través de su cuenta de la red social X aseguró que una decisión favorable del Comité de Naciones Unidas podría tener efectos jurídicos concretos en la Argentina. Se apoyó para eso en el artículo 366, inciso f) del Código Procesal Penal Federal, que prevé la revisión de una sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado internacional de derechos humanos dicta una decisión en una comunicación individual, por lo que consideró que la vía internacional podría abrir la puerta a revisar la condena en el ámbito local.
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