La Policía Federal Argentina (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins atribuidas al exjefe de Gabinete Manuel Adorni. A través de estos operativos, el fiscal Gerardo Pollicita busca responder las casi 30 nuevas dudas que surgen de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario de Javier Milei.
Estas direcciones de bitcoin quedaron en la mira de la Justicia luego de que Adorni explicó en su último escrito que los US$ 591.000 que no había declarado (y agregó en una rectificación de sus declaraciones juradas) provenían de “ventas de activos”. Según esa presentación, vendió los bitcoins en ocho operaciones cara a cara desde 2014 y recibió los dólares en mano.
La pregunta crucial que el fiscal busca responder es si las ocho direcciones de bitcoin que presentó Adorni alcanzan para justificar el origen del patrimonio por el que se lo investiga.
VERIFICACIÓN CRIPTOGRÁFICA
El Departamento Técnico Cibercrimen del cuerpo policial es el encargado de realizar la verificación criptográfica para analizar en profundidad las direcciones de criptoactivos presentadas por el exfuncionario ante la Justicia y con las que, según afirmó, operó entre 2014 y 2018.
Por un lado, el fiscal pidió determinar qué tipo de direcciones son las que entregó Adorni, si es posible comprobar si son “en custodia o de autocustodia”, desde qué fechas existen y quién las generó.
Además, pretende saber si las claves privadas podían conservarse “en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital”.
Con respecto a los 41 movimientos dentro de las billeteras, la PFA deberá analizar si estos pudieron ser realizados por una misma persona o si intervinieron terceros y si es posible identificar quiénes tenían control. También se busca determinar si quien posee hoy las claves es la misma persona que las controló entre 2014 y 2018.
Por otro lado, el fiscal Pollicita pidió información sobre la normativa que regía en la República Argentina sobre las monedas virtuales entre el 2014 y 2018, así como también el alcance de la Resolución UIF 300/2014 sobre la prevención del lavado de dinero a través de criptomonedas.
El representa del Ministerio Público quiere saber además si existe algún registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales; y conocer sobre las operaciones realizadas entre 2017 y 2018 cuando Adorni presuntamente liquidó sus activos, a la par que busca esclarecer qué plazos mínimos de conservación de registros regían en las principales jurisdicciones donde operaban las plataformas de intercambio.
Días atrás, el abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las direcciones que aportaron a la Justicia como justificación por su situación patrimonial.
Allí, personal de la fiscalía redactó un “mensaje de desafío”, que es un texto nuevo que nadie podía conocer de antemano. La defensa de Adorni llegó con un sobre cerrado donde estaban las claves, que el exfuncionario habría entregado antes a un escribano.
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