El juez de Garantías Guillermo Atencio, a cargo de la investigación por el caso de Julio “Chocolate” Rigau, denunció a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por el presunto delito de “encubrimiento”. La presentación surgió luego de que el cuerpo legislativo archivara un pedido de la Justicia vinculado con los empleados cuyos contratos eran cobrados por el puntero político.
Atencio presentó la denuncia ayer ante la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata. La investigación quedó a cargo de la UFI 11, conducida por el fiscal Alvaro Garganta.
La decisión del magistrado se produjo después de que la Cámara de Diputados resolviera archivar un requerimiento judicial que buscaba establecer qué legisladores habían designado a los agentes involucrados en el expediente, que son considerados como “ñoquis”.
La fiscal platense Betina Lacki había solicitado documentación que permitiría determinar qué legisladores propusieron la contratación de alrededor de 50 personas cuyas tarjetas de débito eran utilizadas por Rigau para retirar dinero de sus cuentas sueldo. Ante las demoras y respuestas que consideró insuficientes, el juez Atencio había emitido una “orden de presentación” para exigir la entrega de esos documentos.
Sin embargo, la Cámara de Diputados informó que esas actuaciones habían sido incorporadas a un proyecto de resolución general y posteriormente archivadas. La decisión había sido adoptada en mayo, en una votación exprés, cuando el cuerpo aprobó en una votación general el archivo de casi 8.000 resoluciones administrativas, entre ellas los expedientes requeridos por la Fiscalía.
El dato político de esa decisión es que fue adoptada por todos los bloques políticos (Fuerza Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica y hasta la Libertad Avanza), con el solitario rechazo de los dos legisladores de la izquierda.
RESPUESTA
La respuesta de la Legislatura implica que, por el momento, la Justicia no contará con esos documentos para determinar quiénes impulsaron las designaciones de los empleados investigados.
Tras tomar conocimiento del archivo y de la respuesta de la Cámara, Atencio remitió las actuaciones para que se analice la posible comisión de delitos de acción pública. El planteo quedó vinculado a una nueva investigación que deberá determinar si la decisión de archivar la documentación requerida judicialmente puede constituir algún delito, por caso, “encubrimiento”.
A partir de la presentación de Atencio, trascendió que la Cámara de Diputados dará el lunes una “respuesta jurídica, institucional y periodística contundente sobre la denuncia”, según trascendió.
En términos institucionales, se abre la posibilidad de un conflicto de poderes que podría terminar dirimiéndose en la Suprema Corte.
La investigación judicial se originó a mediados de 2023 tras un episodio ocurrido en la sucursal de 7 y 54 del Banco Provincia. Por aquel entonces, un cliente que se encontraba en el sector de los cajeros automáticos en plena madrugada advirtió la presencia de un hombre que realizaba múltiples extracciones de dinero utilizando decenas de tarjetas de débito diferentes.
Ante la sospecha, el testigo alertó a las autoridades policiales, quienes procedieron a la detención del individuo, identificado como Julio “Chocolate” Rigau. En su poder se secuestró una gran cantidad de dinero en efectivo y un fajo de tarjetas pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara.
La pesquisa posterior reveló que Rigau no actuaba solo y que el modus operandi se repetía todos los meses. Los titulares de las tarjetas eran, en su mayoría, empleados contratados que no prestaban servicios reales en la Legislatura o que, a cambio de mantener el beneficio de la obra social y los aportes jubilatorios, entregaban el plástico y la clave bancaria al puntero para que retirara el salario íntegro.
desvio de fondos
Este esquema, que funcionaba de manera sistemática, expuso un mecanismo de desvío de fondos públicos que involucra a las máximas esferas del poder político bonaerense y que, según estimaciones periodísticas, representaría un desfalco cercano a los 4.000 millones de pesos:
Por esta causa fueron detenidos, además de Rigau, los dirigentes peronistas platenses Claudio y Facundo Albini.
INVESTIGACION PARALELA
En tanto, entre el lunes y el miércoles próximos, diez ex senadores bonaerenses deberán declarar como testigos ante el fiscal de La Plata Juan Menucci, en la causa que se conoce como “Chocolates del Senado” o “Chocolate II”, iniciada como consecuencia de la investigación contra Julio “Chocolate” Rigau.
Las cámaras de seguridad de los cajeros del Banco Provincia revelaron, en 2024, que una pareja hacía lo mismo que el puntero peronista: extracciones compulsivas con tarjetas de débito ajenas. En este caso, los plásticos no pertenecían a la Cámara de Diputados bonaerense, sino a la de Senadores, y los recaudadores respondían presuntamente al radicalismo.
Distintos videos incorporados a la “causa Chocolate 1” y documentos bancarios revelaron que el hombre canoso que se cruzaba de madrugada en los cajeros con Rigau era Hugo Muguerza -un militante radical de La Plata que formó parte del primer gobierno municipal de Julio Garro-— y que la mujer que lo acompañaba era Josefina Ortellado.
Esta pareja operaba con al menos 39 tarjetas de empleados fantasma de la Cámara de Senadores bonaerense, de acuerdo a la línea de investigación que sigue la Justicia.
Los titulares de esos plásticos junto a Muguerza y Ortellado, están imputados en la causa que conduce el fiscal Menucci.
La lista de senadores que irán a declarar como testigos incluye a Yamila Araceli Alonso (Juntos por el Cambio); Nidia Moirano (JxC); Erica Revilla (UCR); Agustín Maspoli (JxC); Elisa Carca (Coalición Cívica); Marcelo Daletto (JxC); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); Owen Fernández (JxC); Lorena Mandagarán (JxC) y David Hirtz (UCR).
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