El "caso Chocolate", una de las investigaciones por presunta corrupción más resonantes de la política bonaerense, volvió a sumar un capítulo que aleja cualquier resolución rápida. El único empleado de la Legislatura bonaerense que estaba dispuesto a aceptar un juicio abreviado desistió del acuerdo, dejando sin efecto la única negociación que había logrado impulsar la fiscal Viviana Arturi y encaminando el expediente hacia un eventual juicio oral que podría realizarse recién en 2027.
La novedad fue revelada por el periodista Hugo Alconada Mon en una investigación publicada por el diario La Nación, donde detalla cómo las diferencias en torno a la inhabilitación para ejercer cargos públicos terminaron frustrando la única posibilidad concreta de una salida alternativa.
Antonio Rodríguez, uno de los empleados imputados y pareja de una concejal de La Libertad Avanza en Berisso, había aceptado inicialmente una condena de tres años de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado. Sin embargo, al conocer que el acuerdo también implicaba la inhabilitación perpetua para volver a ocupar cargos públicos, decidió dar marcha atrás.
Según reconstruyó La Nación, Rodríguez no descarta regresar en el futuro a la administración pública y ese punto terminó siendo determinante para rechazar el acuerdo. La decisión también provocó el malestar del resto de los imputados, que observaban esa alternativa como una posible vía de salida para el expediente.
El obstáculo jurídico radica en que el Código Penal establece que la inhabilitación para funcionarios públicos es perpetua y no puede limitarse al mismo plazo de la condena, como inicialmente se había planteado durante las conversaciones.
Con ese retroceso, la fiscal Arturi quedó sin ningún acusado dispuesto a firmar un juicio abreviado. De acuerdo con la información publicada por La Nación, hoy ninguno de los 46 empleados procesados acepta esa salida si implica quedar inhabilitado de por vida para desempeñarse nuevamente en organismos estatales.
Ese punto se volvió central porque una condena obligaría, en principio, a la exoneración de los empleados de la Legislatura bonaerense. Sin embargo, los sumarios administrativos internos concluyeron que no existieron irregularidades, una situación que genera fuertes interrogantes sobre el futuro laboral de los imputados.
La estrategia de las defensas ahora apunta a otras alternativas procesales, como la probation o la reparación integral del daño. No obstante, ambas opciones encuentran una fuerte resistencia tanto de la fiscalía como de las querellas, integradas por la Fiscalía de Estado bonaerense y la organización Poder Ciudadano.
Arturi sostiene que se trata de un caso de corrupción estructural que afectó directamente al funcionamiento de uno de los poderes del Estado y que, por esa razón, no corresponde habilitar mecanismos que permitan evitar una condena mediante el pago de dinero. Incluso citó como antecedente la decisión adoptada en la causa de los Cuadernos, donde la Justicia rechazó la reparación integral para empresarios investigados.
Otro de los puntos centrales de la investigación pasa por determinar el perjuicio económico individual que habría generado cada uno de los empleados involucrados.
Hasta el momento, un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal estimó que entre enero de 2022 y septiembre de 2023 el perjuicio directo para la Provincia de Buenos Aires alcanzó los 395,4 millones de pesos, una cifra que debería actualizarse por inflación y que podría incrementarse si se incorporan años anteriores bajo investigación.
Los investigadores detectaron un patrón repetitivo de extracción total de salarios desde cajeros automáticos, muchas veces durante la madrugada o fuera del horario habitual, sin otros movimientos significativos en las cuentas bancarias, un elemento que fortalece la hipótesis de una operatoria organizada.
Ahora, por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata, cuatro peritos contables deberán establecer cuánto dinero corresponde atribuir a cada uno de los 43 empleados investigados. Ese estudio fue solicitado por las propias defensas, que buscan individualizar responsabilidades antes de que el tribunal resuelva los distintos planteos procesales.
Los peritos comenzaron a trabajar sobre la documentación este mes y el análisis podría demandar entre tres y cuatro meses. Recién cuando ese informe esté finalizado el tribunal evaluará si existe margen para alguna salida alternativa o si corresponde avanzar definitivamente hacia el debate oral.
Mientras tanto, la fiscal ya adelantó cuáles serán las penas que solicitará si la causa llega a juicio. Pedirá seis años y cuatro meses de prisión para Claudio Albini, cuatro años y tres meses para su hijo Facundo Albini y cinco años y seis meses para Julio "Chocolate" Rigau. Para los empleados de la Legislatura solicitará condenas de tres años de prisión en suspenso.
Pese a la gravedad de las imputaciones, todo indica que ninguno de los acusados terminaría alojado en una unidad penitenciaria. Rigau y los Albini permanecen bajo arresto domiciliario y, aun en caso de recibir condenas de cumplimiento efectivo, esa modalidad podría mantenerse durante el proceso.
Con el fracaso del único acuerdo abreviado, el expediente vuelve a ingresar en una etapa de incertidumbre. Si no prosperan nuevos planteos y los peritajes concluyen hacia septiembre, el calendario judicial proyecta que el debate oral recién podría comenzar durante marzo de 2027, prolongando una investigación que se convirtió en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción política registrados en la Provincia de Buenos Aires.
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