El juicio oral contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por la causa Hotesur-Los Sauces comenzará antes de fin de año, según fuentes judiciales. El Tribunal Oral Federal 5 analiza fijar en los próximos días la fecha de inicio de las audiencias, que se realizarán en los tribunales federales de Comodoro Py.
El proceso tiene 17 imputados y Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación analiza presuntas maniobras vinculadas con fondos transferidos desde empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López hacia compañías de la familia Kirchner.
Uno de los objetivos del tribunal es reducir la cantidad de testigos para agilizar el debate. Inicialmente había más de 300 propuestas y las partes acordaron disminuir ese número entre un 30% y un 40%. Las declaraciones realizadas durante la instrucción podrán incorporarse al juicio sin que los testigos deban volver a comparecer.
Antes de fijar la fecha de inicio también resta incorporar el peritaje contable definitivo sobre los fondos transferidos desde las empresas de Báez y López hacia las sociedades de la familia Kirchner. La acusación sostiene que, en el caso de Báez, el supuesto delito precedente del lavado está relacionado con hechos de corrupción acreditados en la causa Vialidad.
Las audiencias serán presenciales y se realizarán tres veces por semana en la Sala AMIA de Comodoro Py. Los imputados deberán concurrir cuando se requiera su participación, mientras que se podrá evaluar la modalidad virtual para quienes no residan en la Capital Federal y no tengan obligación de estar presentes.
Otro aspecto pendiente es la integración definitiva del tribunal. José Michilini y Adriana Palliotti son jueces titulares, mientras que Fernando Machado Pelloni ocupa una vocalía como subrogante. El Consejo de la Magistratura ya envió al Poder Ejecutivo una terna para cubrir ese cargo, aunque todavía no se concretó la designación.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Alberto Beraldi, planteó además que debería modificarse la acusación por asociación ilícita. El argumento se basa en que la expresidenta fue absuelta de ese delito en la causa Vialidad. La fiscalía, por ahora, no comparte ese planteo y sostiene que no corresponde readecuar la acusación.
La causa investiga un supuesto circuito de dinero proveniente de contratos con el Estado que habría sido canalizado mediante negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados con la familia Kirchner. Una de las hipótesis sostiene que fondos recibidos por Báez a través de contratos de obra pública en Santa Cruz fueron derivados al patrimonio de la familia mediante el alquiler de uno de sus hoteles.
El expediente fue elevado a juicio oral hace cinco años. Una primera integración del Tribunal Oral Federal 5 había sobreseído a todos los acusados, incluidos Cristina y Máximo Kirchner, pero la Cámara de Casación revocó esa decisión y excluyó del proceso a Florencia Kirchner.
Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y reclamó celeridad para realizar el juicio.
El fiscal Diego Velasco insiste en que se establezca una fecha de inicio y las partes acordaron que se lea una versión reducida del requerimiento de elevación a juicio para agilizar el debate. Entre los restantes acusados figuran Lázaro Báez, Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Martín Báez, entre otros.
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