La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas en el Poder Ejecutivo, se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para apelar la decisión de sobreseer a los once investigados en el criptoescándalo $LIBRA, bajo el argumento de que la investigación tiene indicios de una maniobra “defraudatoria” y que se debería seguir investigando.
El pedido lleva la firma del fiscal Sergio Rodríguez, que pide tomar a su cargo la investigación que dejó de lado el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó el sobreseimiento de Javier Milei, su hermana Karina y el resto de los implicados.
Rodríguez se involucró en el caso a pedido de dos ONG que funcionan como “amicus curiae” desde casi el comienzo de la causa. Se trata del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), representada por Pedro Biscay, y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), encabezado por Julián Alfie.
En el escrito que trascendió, Rodríguez desmenuza los motivos por los cuales sostiene que la investigación no debería cerrarse aún. “Se viene a apelar la resolución emitida, en discrepancia con las conclusiones alcanzadas, toda vez que, a criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”, plantea.
POTENCIALES MEDIDAS A REALIZAR
El fiscal enumera una serie de medidas que restaban realizar. Entre ellas, análisis de blockchain -básicamente, una base de datos- que habían sido descartados por la fiscalía por no contar con software especializado, pero sin haber explorado otras alternativas.
También remarca que no se terminaron de peritar algunos celulares clave. Aunque no los menciona, en la semana los abogados de los damnificados habían apuntado a los teléfonos de Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. Se trata de los intermediarios que recibieron dinero de Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó la moneda $LIBRA.
La PIA también pone el foco en que los aportes realizados por la Secretaría General de la Presidencia o la Oficina Anticorrupción, citados por Taiano para justificar el sobreseimiento, deberían ser considerados como relativos. Dice: “Se tiene dicho que, por su carácter de sentencia definitiva, el sobreseimiento requiere la comprobación de una certeza negativa que jamás puede sustentarse en meras dudas. La resolución cuestionada no da razón bastante de la ineptitud manifiesta”.
“PERSPECTIVA PARCIALIZADA”
El fiscal Rodríguez señala que el sobreseimiento de Martínez de Giorgi denota una “perspectiva parcializada” al poner el foco en las características de los mercados de memecoins en lugar de considerar los roles de los involucrados. La PIA rechaza que el mercado no regulado de las memecoins sirva como un “cheque en blanco” para librar de responsabilidad a los promotores.
“El caso investiga si LIBRA se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir. Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”, remarca la PIA.
Rodríguez recuerda en otro pasaje que los inversores que fueron apartados como querellantes tienen pendiente un recurso de amparo en queja para pedir que los vuelvan a sumar al expediente, por lo cual el mismo no se encuentra firme.
DETRÁS DE LOS QUE RELAMAN
Los que presentaron el reclamo fueron el inversor Juan Patricio Marchetto -patrocinado por el dirigente K Juan Grabois- que incluso aportó una lista de nuevos testigos que podrían hablar del caso y los damnificados Martín Romeo, Sviatlana Krasutskaya y Vladislav Lapchenko. Estos dos últimos son bielorrusos y habían sido rechazados por Taiano como querellantes.
En cuanto al fondo del asunto, el escrito de la PIA rechaza que el colapso del token $LIBRA responda a un mero “riesgo de mercado” y denuncia la existencia de una estafa pre-programada con uso de información privilegiada.
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