Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia que desde 2025 percibe ingresos cercanos al millón de dólares mensuales por sus empresas de comunicación y marketing digital radicadas fuera de ese país. Tras su presentación, la Fiscalía anunció que lo investigará por presunto enriquecimiento ilícito y solicitará su detención preventiva también en este expediente.
El consultor político argentino se encuentra alojado en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, acusado del presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller. En paralelo, enfrenta otra causa por violencia familiar y doméstica.
Durante la declaración informativa, Cerimedo fue consultado por sus ingresos mensuales durante 2025. “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”, respondió.
Cuando le preguntaron por 2026, aseguró que la cifra era “similar”, a partir de los ingresos generados por sus empresas en el exterior. Según explicó, esos montos no incluyen trabajos realizados en Bolivia.
Cerimedo se definió como consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos y sostuvo que el dinero proviene de actividades lícitas.
También afirmó que no posee sociedades radicadas en territorio boliviano ni empresas registradas a nombre de terceros.
Entre sus emprendimientos mencionó Numen Group Inc., constituida en Estados Unidos en 2021 y dedicada a brindar servicios a clientes de distintos países. En Argentina, señaló que posee Numen de Publicidad, una compañía con 35 empleados, 12 clientes y dos sucursales.
Además, dijo ser propietario de Academia Numen, dedicada a cursos de tecnología vinculados con el Project Management Institute, y de una productora audiovisual. Afirmó que comparte la titularidad de casi todas esas compañías con su esposa, Natalia Basil, con excepción de la firma estadounidense.
Las visitas a Bolivia y el vínculo con Rodrigo Paz
El consultor contó que ingresó por primera vez a Bolivia en 2024, aunque dijo no recordar el motivo del viaje. Aseguró que no desarrolló actividades ni mantuvo reuniones durante esa visita y que financió personalmente el traslado.
También reconoció que regresó varias veces en 2025 y 2026 porque pretendía instalarse en el país y desarrollar un proyecto de marketing. Sin embargo, evitó precisar la cantidad de viajes y sugirió que esa información fuera requerida a las autoridades migratorias.
Cerimedo confirmó que su principal contacto en Bolivia era el presidente Rodrigo Paz y que ambos mantenían una relación desde antes de las elecciones de 2025. El mandatario, en cambio, había difundido días atrás un video en el que negó que el argentino estuviera autorizado para representar al Gobierno, a la Presidencia o a su familia.
Sobre la campaña presidencial, Cerimedo sostuvo que únicamente aportó consejos de comunicación digital y negó haber recibido financiamiento de empresas. También aseguró que nunca existió un contrato escrito.
Se negó a responder casi el 70% de las preguntas
Durante el interrogatorio, compuesto por 219 preguntas, Cerimedo se negó a contestar 152, casi el 70% del total. En reiteradas oportunidades argumentó que las consultas “no tenían nada que ver con el caso”.
El argentino evitó explicar si se comunicaba con Paz mediante WhatsApp, Telegram o correo electrónico. Tampoco respondió sobre su supuesto acceso al teléfono del mandatario, su participación en reuniones de Gabinete ni su eventual influencia sobre ministros y funcionarios.
Cerimedo también guardó silencio cuando fue consultado por su relación con la directora de Comunicación del Gobierno boliviano, Ximena Galarza, y sobre versiones que lo señalaban como consejero presidencial y autor de algunos discursos de Paz.
Aunque en Bolivia era presentado como una suerte de asesor con influencia en distintas áreas del Ejecutivo, sostuvo que no cumplió funciones dentro del Gobierno. Además, negó haber recibido órdenes directas del presidente.
Denunció un supuesto intento de golpe de Estado
Al finalizar la declaración, Cerimedo afirmó que las causas en su contra forman parte de un intento por desestabilizar al Gobierno boliviano.
“Esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el Gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales”, expresó. También anticipó que podría iniciar acciones legales en Bolivia y ante tribunales internacionales.
El consultor aseguró que declaró voluntariamente y que no recibió presiones ni amenazas.
La Fiscalía pedirá otra detención preventiva
Después de la presentación, la Fiscalía boliviana anunció que imputará formalmente a Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito y que solicitará su detención preventiva durante seis meses. Los investigadores también evalúan pedir su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
Miguel Cardozo, uno de los fiscales del caso, calificó las respuestas del argentino como “esquivas” y aseguró que el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes para avanzar con la acusación.
La investigación se abrió después de una serie de allanamientos realizados tras el presunto ataque contra Nadia Beller. En esos procedimientos, las autoridades secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos bolivianos.
Uno de los abogados de Cerimedo cuestionó el interrogatorio porque, según afirmó, los fiscales concentraron sus preguntas en la relación del consultor con Rodrigo Paz y no en el origen del dinero investigado. La defensa también sostuvo que el expediente forma parte de un supuesto “golpe de Estado institucionalizado” contra el Gobierno boliviano.
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