En Chivilcoy, el director de Gobierno municipal, Hugo Kübler, brindó detalles sobre el proceso judicial para recuperar la nave industrial donde funcionó la empresa Perchet, vinculada a Bicontinentar. Además, respondió a las críticas por el convenio firmado, la condonación de multas y las indemnizaciones que todavía reclaman los trabajadores afectados por el cierre.
Kübler afirmó que el Municipio inició acciones judiciales para obtener la restitución del inmueble y ejecutar la cláusula penal prevista ante el incumplimiento del acuerdo. También cuestionó las declaraciones de un concejal de La Libertad Avanza, a las que calificó como parte de una “campaña de desinformación y profundo desconocimiento”.
Según reconstruyó el funcionario, el 14 de noviembre de 2025 se firmó un convenio de rescisión y desocupación, que fue ratificado por una amplia mayoría de 14 concejales el 29 de diciembre de ese año. La empresa se había comprometido a liberar el predio el 30 de abril de 2026, aunque luego solicitó una prórroga de un mes.
Una vez vencido ese plazo sin que se concretara la desocupación, la Dirección de Asuntos Legales del Municipio inició las actuaciones para recuperar el inmueble y reclamar el pago de la penalidad prevista por el incumplimiento. Kübler indicó que actualmente se aguarda el avance de los plazos procesales y la instrumentación de las medidas judiciales necesarias, luego de que se dictara una medida cautelar favorable.
La condonación de multas y los reclamos laborales
En relación con las críticas al convenio, el director de Gobierno confirmó que se incluyó una condonación de multas vinculada al pago de las indemnizaciones de los empleados afectados por el cierre de la firma.
Explicó que la intención inicial de la gestión municipal fue preservar los puestos de trabajo mientras existiera esa posibilidad. Cuando la continuidad de la actividad se volvió inviable, señaló, el objetivo pasó a ser garantizar que los trabajadores pudieran cobrar las indemnizaciones correspondientes.
Kübler atribuyó el cierre al contexto económico nacional y cuestionó la política de apertura de importaciones del Gobierno de Javier Milei, al considerar que habría contribuido al desenlace. También reclamó mayor compromiso de los empresarios involucrados y de los actores políticos y sociales ante una situación que afecta tanto a los trabajadores como al patrimonio municipal.
El funcionario sostuvo que la prioridad ahora es completar el proceso judicial para recuperar el predio y avanzar con las medidas pendientes.
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