La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto con distintas organizaciones sociales, se declaró en estado de “alerta y movilización máxima” luego de que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocara una medida cautelar que garantizaba la continuidad del pago del programa “Volver al Trabajo”, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo. La resolución judicial habilitó al Ministerio de Capital Humano a avanzar con la eliminación del Salario Social Complementario, una decisión que genera preocupación en distintos municipios del país y que en Chivilcoy afecta a más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular que dependen de ese ingreso mensual.
Desde la organización indicaron que la suspensión del programa implicará una pérdida de $156 millones mensuales que dejarán de circular en comercios de cercanía, almacenes y emprendimientos locales, lo que representa una reducción anual estimada de $1.872 millones para la economía de la ciudad.
Además, la UTEP advirtió que la falta de estos recursos podría provocar el desfinanciamiento y el cierre de comedores comunitarios, cooperativas de trabajo y espacios de cuidado que funcionan en distintos barrios de Chivilcoy y que cumplen un rol social para numerosas familias.
En ese sentido, la organización cuestionó el argumento oficial vinculado al equilibrio fiscal y sostuvo que el programa representa apenas el 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI). También señaló que el beneficio permanecía congelado en $78.000 desde noviembre de 2023, acumulando una pérdida del poder adquisitivo superior al 74%.
Frente a la decisión del Gobierno nacional de reemplazar este esquema por el “Programa Formando Capital Humano”, desde la UTEP expresaron críticas al considerar que se trata de un sistema de cupones de capacitación orientado al sector privado, con una oferta concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y con menor alcance para trabajadores del interior bonaerense y del resto del país.
Por último, el comunicado de la organización alertó sobre el retiro progresivo del Estado y el debilitamiento de las redes sociocomunitarias, al advertir que esta situación deja a los barrios más vulnerables frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico.
A su vez, la UTEP manifestó su rechazo al proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, al considerar que impulsa la extranjerización de tierras mientras se reducen recursos destinados a familias de menores ingresos.
Ante este escenario, las organizaciones ratificaron la continuidad de las medidas de protesta bajo la consigna de que “sin salario ni trabajo no es posible garantizar la paz social”.
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