En una movida que se asemeja a un conflicto de poderes, la Cámara de Diputados bonaerense cuestionó ayer la denuncia formulada por el juez de Garantías platense, Guillermo Atencio, contra ese cuerpo y defendió la protección constitucional de los legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus cargos.
La Cámara calificó de “inadmisible” la denuncia del juez, quien acusa a los responsables del cuerpo por presunto ocultamiento de pruebas en la investigación del caso de Julio “Chocolate” Rigau, aquel puntero de un sector del PJ (el massismo) que fue sorprendido extrayendo dinero de un cajero del Banco Provincia con tarjetas de débito de más de 40 empleados de Diputados. Se presumen que eran “ñoquis”.
HABLARON DE PERSECUCIÓN
En un comunicado que se difundió luego de la sesión de ayer en La Plata, el cuerpo legislativo advirtió que “considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo”. Y los responsables de la Cámara agregaron que “resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”.
Aclararon que el artículo 96º de la Constitución de la Provincia establece la “protección constitucional de las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras en el ejercicio de sus cargos”.
Breve reseña: la semana pasada trascendió que Diputados archivó los pedidos que hizo la fiscal Betina Lacki para conocer la “trazabilidad” de las contrataciones de esos agentes que dejaban que Rigau les cobrara el sueldo. Fue en una sesión de mayo en la que se aprobaron, en una suerte de paquete cerrado, cientos de resoluciones.
Como consecuencia de esa determinación, el juez de Garantías Atencio, quien supervisa el proceso, denunció a “todas las autoridades de Diputados” para que se determine si esa decisión (la de archivar los documentos que pedía la fiscal) no constituye un delito de “entorpecimiento de la Justicia”.
La presentación ingresó a la fiscalía 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta.
DEFENSA CORPORATIVA
Lo que hizo ayer la Cámara Baja provincia (HCD, en el léxico del comunicado. La “H” es por Honorable) fue replicar. Y lo hizo en términos corporativos.
El archivo fue votado por más de dos tercios del recinto el 28 de mayo de 2026, en 38 segundos
Afirmó que “siempre actuó ajustado a derecho y colaboró con la Justicia” y que “la resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”.
Es verdad que la sesión fue pública pero la votación del asunto fue en un paquete de otras resoluciones lo que, para los críticos, le dio cierto carácter de ocultamiento.
Sigue diciendo el comunicado de los diputados: “Asimismo, en la causa Julio Rigau la HCD aportó información requerida por la Justicia; dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación”.
En el punto 3 del comunicado, la Cámara baja asegura que “se considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”. Es ahí donde se cita el artículo 96º de la Constitución que establece la protección constitucional de las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras en el ejercicio de sus cargos. “Por lo tanto -dice el texto- una decisión adoptada por el cuerpo mediante una votación legislativa debe ser analizada dentro de ese marco constitucional y respetando las garantías que protegen el normal ejercicio de la representación parlamentaria”.
La explicación parlamentaria sostiene que ante el requerimiento de Atencio el cuerpo no guardó silencio sino que contestó formalmente que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente, decisión convalidada mediante el acto legislativo que se votó en el recinto. O sea, respaldada por una decisión del cuerpo legislativo.
Afirman que la decisión de archivar los expedientes no tuvo la intención de ocultar pruebas
En su postura, la Cámara sugiere “maneras abusivas” del Poder Judicial por sobre el Legislativo para “condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”. Agrega: “Ninguna facultad propia puede ser empleada para autoprotegerse ni para impedir las investigaciones que legítimamente correspondan a otro poder del Estado. El equilibrio institucional exige que cada poder ejerza sus atribuciones dentro de los límites establecidos por la Constitución, preservando tanto la independencia judicial como la autonomía y el normal funcionamiento del Legislativo”.
SIN OBSTÁCULOS A LA JUSTICIA
Finalmente, en un último punto, el comunicado asegura que “la actuación institucional de la Legislatura tampoco puede analizarse de manera aislada. A lo largo de su historia existieron causas y todas avanzaron hasta llegar a sentencia”. Y resalta que el cuerpo nunca ha impedido la actuación de la Justicia en hechos vinculados dentro de la Legislatura.
Se reitera: es la posición de los propios legisladores apuntados por el juez. De hecho, los firmantes son de todos los partidos. A saber: el Presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara (del peronismo Unión por la Patria); el Vice 1º Alexis Guerrera (UP Massismo); los otros Vices como Agustín Forchieri (PRO); Agustín Romo (LLA); Mariano Cascallares (UP); Blanca Alessi (Unión y Libertad); Matías Civale (UCR + CF). Y los presidentes de bloques: Facundo Tignanelli (UP); Juanes Osaba (LLA); Alejandro Rabinovich (PRO); Martín Rozas (Unión y Libertad); Diego Graciarena (UCR + Cambio Federal); Alejandra Lorden (UCR); Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Andrés De Leo (Coalición Cívica); y Juan José Esèr Zamar (bloque Derecha Popular).
Se ve que no hubo grieta en este tema.
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