Los peritos designados por la Justicia finalizaron el informe contable, que permitirá cuantificar la magnitud del daño defraudatorio que le habrían causado al Estado provincial. La fiscal evacuará consultas con los expertos
El denominado “Caso Chocolate”, una de las investigaciones judiciales por presunta corrupción más resonantes de la política bonaerense, atraviesa actualmente una nueva etapa procesal ,y si bien no hubo definiciones respecto de la realización de juicios abreviados o de una fecha certera para el inicio del debate oral, ya cuenta con el peritaje contable agregado a las actuaciones, lo que permitirá cuantificar la extensión del daño defraudatorio causado al Estado provincial.
Fuentes de tribunales le indicaron a este diario que, luego de meses de espera, el informe técnico ordenado en el expediente fue presentado en las últimas horas.
Se trata de un minucioso estudio cuyo objetivo central era establecer y precisar el grado de responsabilidad que podría corresponderle a cada uno de los empleados de la Legislatura involucrados en la causa y determinar el quantum del perjuicio a las arcas oficiales.
Ahora, la fiscal Viviana Arturi, designada para la instancia de debate, convocó a los expertos que participaron del trabajo pericial para pedirle algunas aclaraciones y precisiones sobre las conclusiones del informe.
El paso no implica que la pericia haya sido descartada ni que deba realizarse nuevamente, sino que forma parte del proceso de análisis de una prueba considerada central para la investigación.
El expediente se encuentra, de este modo, en la definición de la etapa probatoria, mientras las partes terminan de evaluar sus estrategias de cara a lo que pueda ocurrir posteriormente.
En paralelo, continúa sin resolverse el escenario planteado alrededor de los juicios abreviados, sobre todo para los llamados “49 tarjeteros”, quienes, según se habría probado, no prestaban funciones -solo recibían beneficios por aportes y jubilación- y las remuneraciones asignadas a cada uno de ellos eran supuestamente desviadas hacia un canal ilegal.
La posibilidad de alcanzar acuerdos con algunos de los imputados había aparecido como una alternativa para evitar un debate oral respecto de determinados acusados, pero esa vía quedó en un escenario incierto luego de que uno de los empleados que había avanzado en un acuerdo con la fiscalía finalmente desistiera ante la consecuencia de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ese antecedente complicó las expectativas de avanzar con una salida consensuada para el resto de los acusados. Las defensas analizan otras alternativas procesales, entre ellas la suspensión del juicio a prueba o la reparación integral del daño, mientras que la fiscalía mantiene su postura contraria a que el caso pueda cerrarse mediante un acuerdo económico.
La pericia, una prueba central
El estudio contable buscó determinar con mayor precisión el movimiento de dinero atribuido a los distintos involucrados, a partir del uso de los plásticos bancarios a su nombre, y establecer responsabilidades individuales dentro de la estructura investigada.
La acusación sostiene que existió una mecánica sistemática de extracción de dinero mediante tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense. Según la investigación, se detectaron retiros reiterados de salarios, en muchos casos realizados durante la madrugada o fuera del horario comercial.
El monto investigado entre enero de 2022 y septiembre de 2023 fue estimado originalmente en unos $395,4 millones, aunque esa cifra deberá ser analizada en función de las actualizaciones y de los períodos que eventualmente sean incorporados al expediente.
La presentación del informe contable representa, por lo tanto, un avance importante dentro de la etapa probatoria. Sin embargo, todavía no existe una definición sobre cómo continuará el proceso.
Como se sabe, entre los principales acusados se encuentran Claudio Albini, el mencionado Julio “Chocolate” Rigau y Facundo Albini, para quienes la fiscalía ya anticipó las penas que pretende en caso de llegar a juicio: 6 años y 4 meses para Claudio Albini, 5 años y 6 meses para Rigau y 4 años y 3 meses para Facundo Albini.
Facundo Albini era ex concejal massista y su padre Claudio, ex subdirector de personal de la Legislatura bonaerense. Se cree que “Chocolate” reportaba directamente hacia ellos.
La situación procesal, sin embargo, todavía puede experimentar modificaciones a partir de las distintas alternativas que analicen las defensas y de las decisiones que adopte el tribunal.
Así, lejos de una resolución inmediata, el Caso Chocolate continúa transitando su etapa probatoria, ahora con la pericia contable incorporada al expediente y bajo análisis de la fiscalía. El próximo paso estará dado por las aclaraciones que deberán brindar los expertos y por las decisiones que, a partir de esa prueba, adopten las partes y el tribunal.
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