La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la iniciativa del Gobierno para regularizar las pensiones por discapacidad y los pagos a los prestadores de salud. Entrada la madrugada de hoy, el texto obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras una negociación que incorporó modificaciones largamente reclamadas por organizaciones del sector y bloques opositores. Ahora será girado al Senado para su tratamiento.
El acuerdo se alcanzó luego de una serie de conversaciones encabezadas por la libertaria Laura Rodríguez Machado, con la coordinación de Martín Menem. El oficialismo, que realizó numerosas concesiones respecto de su postura inicial, para lograr aplacar uno de sus frentes más conflictivos, los consiguió sumar a sus aliados habituales, a Provincias Unidas y a sectores del peronismo, después de introducir cambios que recogieron demandas de los colectivos de discapacidad. Ese respaldo modificó el escenario de la sesión, en la que hasta entonces ganaba terreno la alternativa de prorrogar la emergencia vigente.
Entre los principales puntos, el proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos. También garantiza a los beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas de Incluir Salud y mantiene la vigencia del régimen de empleo protegido para personas con discapacidad.
La iniciativa incorpora, además, mecanismos para reforzar el financiamiento y preservar el valor de los recursos destinados a las prestaciones frente a la inflación. En cuanto a la deuda con los prestadores, que ronda los $278.323 millones, establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y fija un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes. También contempla la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones.
Las modificaciones fueron resultado de gestiones de distintos bloques, entre ellas las impulsadas por el misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, quien reclamó garantías presupuestarias y cuestionó las derogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027. En particular, exigió retirar el capítulo que propone eliminar la actualización automática mensual de los pagos a prestadores, uno de los puntos que generó mayores objeciones durante el debate.
Pese al amplio respaldo conseguido en Diputados, quedaron planteados reclamos hacia el Ejecutivo para asegurar que las modificaciones tengan continuidad presupuestaria. “Hoy el Congreso le da la respuesta a los colectivos, pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente”, advirtieron desde Unión por La Patria. La discusión pasará ahora al Senado, donde el proyecto deberá obtener la aprobación definitiva para convertirse en ley.
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