Luis Palomino, postulante por la lista Abogacía por la Libertad, planteó revisar los criterios de los concursos y los mecanismos de evaluación de los aspirantes a magistrados. También cuestionó el peso de las entrevistas personales y propuso avanzar hacia procesos más transparentes.
A pocos días de las elecciones para elegir representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, Luis Palomino presentó las principales propuestas de la lista Abogacía por la Libertad y se refirió al funcionamiento del sistema de selección de jueces.
En una entrevista con Canal 10 de Córdoba, el abogado planteó la necesidad de revisar los criterios utilizados en los concursos para cubrir cargos judiciales. Según sostuvo, las evaluaciones otorgan un peso importante a los antecedentes académicos y deberían contemplar con mayor profundidad las capacidades prácticas necesarias para desempeñarse como magistrado.
Palomino también cuestionó el grado de subjetividad de las entrevistas personales y señaló que, a su entender, existen acuerdos entre distintos sectores que tienen influencia en el organismo desde hace 25 años. En ese marco, propuso debatir qué perfil de juez requiere la sociedad y avanzar hacia procedimientos de selección con criterios más objetivos y transparentes.
Las propuestas para el Consejo de la Magistratura
Palomino encabeza la lista Abogacía por la Libertad y se presenta en las elecciones del 20 de octubre para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura durante el período 2026-2030.
Entre los ejes de su propuesta figuran la revisión de los criterios de evaluación de los concursos, una mayor consideración de las aptitudes para el ejercicio de la función judicial y la discusión sobre los mecanismos utilizados para seleccionar magistrados.
El candidato también planteó la necesidad de fortalecer la transparencia de los procedimientos y reducir la incidencia de acuerdos sectoriales en las decisiones de selección.
Las propuestas forman parte de la plataforma electoral de Abogacía por la Libertad, que busca introducir modificaciones en los mecanismos de evaluación y designación de jueces.
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