La disputa interna en el peronismo que venía impactando con fuerza en el Senado, cruzó la puerta giratoria de la Legislatura y se instaló ahora en la Cámara de Diputados.
Como si se tratara de una novela sin final que anota a cada paso nuevos capítulos, la pelea entre el Gobernador y el kirchnerismo volvió a estallar de pleno en todo el ámbito legislativo, con el agravante de que en el medio de los tironeos quedaron los intendentes y sus acuciantes necesidades financieras.
La reverdecida disputa tiene como origen la autorización para tomar deuda que la Legislatura le votó a Kicillof hacia fines del año pasado. En ese entonces, se creó un fondo de asistencia a los municipios que les garantiza recursos equivalentes al 8% de la toma de deuda provincial, con un piso de 250 mil millones de pesos.
La norma estableció que el 70% de esos fondos se distribuya automáticamente entre los 135 municipios y sea de libre disponibilidad. El problema aparece con el 30% restante, cuya asignación depende de una Comisión Bicameral creada especialmente para ese fin.
Los intendentes pretenden que ese 30 por ciento también sea de ejecución libre, es decir, que no esté atado a ningún tipo de acuerdo con diversos ministerio del Ejecutivo, con el objetivo de poder echar mano a esos recursos para pagar sueldos en medio de la severa crisis que afecta a sus administraciones que mezcla parate económico, caída en la recaudación propia y, además, en los giros por coparticipación provincial.
Para acceder a ese requerimiento que empujan alcaldes de todos los signos políticos hay que cambiar la ley que creó el fondo. Y en el contexto de ese debate, volvió a escena la pelea entre Kicillof y el kirchnerismo asociado al Frente Renovador.
El nudo del conflicto tiene que ver con las atribuciones de una comisión bicameral que crearon los legisladores y que Kicillof siempre resistió. Ese cuerpo tiene la facultad de decidir hacia qué municipios se deriva ese 30 por ciento de los recursos. Para algunos funcionarios, se arroga facultades que le corresponden al Gobierno provincial.
Pero lo cierto es que Kicillof no vetó el artículo que la creó y la bicameral sigue adelante. Es decir, ese cuerpo de legisladores definirá hacia qué municipio terminan yendo esos recursos.
Distintas posturas
Para quitarle manejo en la direccionalidad de esos fondos, en el Gobierno pretenderían que se distribuyan por CUD, es decir, por el mismo índice que se utiliza para calcular lo que le toca a cada comuna en concepto de coparticipación.
Los diputados del kirchnerismo, el Frente Renovador y el radicalismo, resisten. “Acá hubo un acuerdo político que terminó creando la bicameral. Es un acuerdo que sostuvieron por el kicillofismo el diputado Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis”, sostienen.
Existe, más allá de la pelea política en el peronismo, otro argumento en juego. Es el que tiene que ver con beneficiar a los sectores políticos que levantaron la mano para aprobar aquél endeudamiento de fin de año. “Si se distribuyen los fondos por CUD, van a terminar recibiendo todos por igual, incluso intendentes libertarios cuyos legisladores votaron en contra”, argumentan algunos diputados.
Más allá del reclamo de los intendentes, el único proyecto presentado para cambiar la ley vigente es el que firmó el presidente de uno de los bloques de la UCR, Diego Garciarena. Concretamente, mantiene las atribuciones de la bicameral y establece, como piden los alcaldes, que el 30 por ciento del fondo sea de libre disponibilidad.
En las últimas horas apareció otro que fue firmado por el diputado del PRO, Alejandro Rabinovich. Plantea que los fondos se distribuyan por una fórmula que mezcla CUD más ingresos pero mantiene las funciones de la bicameral. Es decir, una salida intermedia.
En medio de esa discusión, la Cámara de Diputados convocó a sesión para el lunes donde buscaría avanzar en algún tipo de acuerdo.
Como reflejo de la tensión en el PJ, por dos días consecutivos se suspendió la reunión de la comisión de Presupuesto que debía analizar el tema. Una medida que apuntó a evitar una votación dividida del bloque oficialista.
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