Más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de Cristina Kirchner (Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego) ofrecieron ayer una conferencia de prensa en un hotel porteño, donde anunciaron el hallazgo de “nueva prueba” en la causa y anticiparon que presentarán un recurso de revisión para suspender o eliminar la condena a la ex presidenta.
“La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa”, dijo Beraldi a modo de apertura de su exposición.Dijeron, básicamente, que esas pruebas, según su criterio, demostrarían que la expresidenta no benefició de manera indebida a Lázaro Báez y al Grupo Austral, que éste encabezaba. De esta manera construirán una estrategia para intentar suspender, al menos momentáneamente, la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, que fue uno de los agravantes de la condena a prisión.
¿BÁEZ RECIBIÓ MENOS PLATA?
Durante la conferencia, el equipo legal mostró un informe técnico elaborado por Specs Consultoría. El estudio concluyó que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, establecido por el decreto 54/2009 que firmó Cristina. Los desembolsos superan los 18,6 millones de dólares. “Nunca dejamos de investigar y de buscar las medidas de prueba. El 6 de agosto de este año, en el marco de la causa que se llama Los Cuadernos, también armada contra Cristina Kirchner, compareció un testigo convocado por la fiscalía, un técnico que se desempeña en la Dirección de Vialidad. Era una base de datos en la que aparecía cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso por el que habían acusado a Cristina. ¿Qué encontramos? Que cuando se hablaba de la utilización de los fondos a Vialidad por el artículo 54 se hizo una inversión de 2000 millones de dólares. A Lázaro Báez se le había asignado el 1% (0,85%) entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015. La información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso”, argumentó Beraldi.
Los defensores de la exmandataria resaltaron que “el principal destinatario” de esos fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA S.A, que “es una empresa del primo del expresidente Mauricio Macri”, el empresario Ángelo Calcaterra.
Luego tomó la palabra el abogado brasileño Valim, que defendió a Lula en su país. “Esta prueba marca un giro decisivo en el caso. No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”, dijo. Fue quien precisó un ranking de empresas que fueron destinatarias de los fondos de Vialidad durante el período investigado. Lo dicho: según ese relato el grupo de Báez tuvo una participación mínima.
Momentáneamente buscan suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida
Por último, tomó la palabra el español Borrego, que dijo que se condenó a Cristina “porque estorbaba”. Además, cuestionó el párrafo de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. “Le dedicaron apenas 11 líneas. Querían quitar de la escena política a una expresidenta”, dijo. “Esto tiene tres vías: el Comité Internacional de Derechos Humanos, una vía de revisión y una vía interna para terminar con la injusticia contra la ex presidenta”, concluyó.
Beraldi es el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad. Valim y Borrego se sumaron recientemente al equipo de abogados en tren de encarar la presentación ante el comité de Derechos Humanos de la ONU.
“Nuestro propósito es que esta condena caiga, que Cristina quede en libertad y que reanude su actividad política. Iremos paso a paso”, dijo Beraldi. Y agregó: “Frente a estas nuevas pruebas, estamos en condiciones de que un tribunal de Justicia pueda suspender los efectos de esta condena. Cristina sabe que esto puede demorar un tiempo”. No es lo que piensan la mayoría de los juristas argentinos que se han expresado sobre la cuestión.
VAN A CASACIÓN
Los abogados adelantaron que presentarán un recurso de revisión ante la Cámara de Casación Penal en la búsqueda de que se suspendan los efectos de la condena, lo que incluye la inhabilitación política y electoral. Ese tribunal de alzada, se recuerda, ya había avalado la decisión del tribunal que la condenó.
El sitio Infobae citó ayer declaraciones de un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa Vialidad, sin nombrarlo. Señaló que esta cuestión no es nueva, sino que ya fue “tratada y rechazada varias veces” durante el proceso. Además, subrayó que el informe presentado ayer se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio a Cristina se debatió solamente la corrupción de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde Lázaro Báez se quedó con “cerca del 85% de las obras”.
Hay una veta política en todo eso, claro. Cristina apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027, en medio de la cruda interna que atraviesa el peronismo y que la enfrenta, sobre todo, a Axel Kicillof, ya lanzado a la carrera presidencial. Por eso una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.
Además del intento de revertir eso, la presentación incluye otras dos medidas cautelares: una que pretenden relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y otra que pide modificar la composición de la Corte con el argumento de que no puede tener solo tres jueces.
La resolución final del Comité será una “recomendación” al Estado.
Para el equipo de abogados de la expresidenta una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.
El anuncio de las novedades respecto de la presentación en Naciones Unidas llega un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de queja de la defensa de Cristina contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento donde cumple su condena (San José 1111) e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.
En la conferencia de prensa, Beraldi señaló que la Justicia condenó a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”, mientras Borrego consideró que en el proceso hubo “tantísimas violaciones y arbitrariedades”. El brasileño Valim, que se dice especialista en “lawfare”, participó de la defensa del presidente Lula da Silva, quien acudió al mismo Comité en 2016 tras su condena por corrupción. Su presentación fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión. No obstante, esa decisión llegó cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la propia justicia de Brasil.
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