El Gobierno presentará una denuncia penal contra la empresa Navitas, de capitales israelíes, y otras firmas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Lo anunció anoche la Oficina del Presidente a través de un comunicado publicado en la red X en el que apuntó contra el “ilegítimo gobierno del Reino Unido”. La acción penal estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La decisión se tomó poco después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidiera en público a Netanyahu que se reconozca la soberanía argentina sobre las Islas. “Es territorio argentino ocupado”, advirtió el funcionario en su cuenta oficial.
Según el texto oficial, la denuncia alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., que “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para explorar o explotar hidrocarburos en esa cuenca”. El Ejecutivo sostuvo que esas actividades violarían las disposiciones de la Ley Nº 26.659. La presentación también incluirá a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas como accionistas de las compañías involucradas.
La acusación, que sería presentada ante la Justicia federal, apunta “contra todos los directores, gerentes, sindicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible”.
El comunicado difundido por el Gobierno enfatiza además que “la presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre el las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
Agrega que “la defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas juridicas e institucionales que el Estado tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina”, mientras anticipa que “el Estado Nacional continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningun acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina”.
Por otro lado, se detalló que el Presidente, Javier Milei, firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economia, Luis Caputo, para priorizar en el proyecto de Presupuesto 2027 “el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos” de la Argentina.
Estas medidas, concluyó el escrito oficial, “forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégico”.
Reunión de gabinete
Tras haber recuperado el control de la agenda pública con el reclamo por la soberanía de Malvinas y luego del anuncio de sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas, el Gobierno se prepara ahora para dar batalla en el Congreso. La cuestión fue el tema casi excluyente en la reunión de Gabinete que encabezó ayer el presidente, Javier Milei.
En ese marco, se resolvió que el proyecto relacionado con Malvinas (que Milei anticipó por cadena nacional en la noche del jueves) ingresará por la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza cuenta con mayor respaldo.
Sin embargo, el oficialismo podría enfrentarse allí a un cisne negro opositor. Y es que si bien la oposición acompaña el giro discursivo del Presidente, también presiona con una serie de exigencias ligadas a la soberanía nacional y al vínculo con el Reino Unido. Algo que no estaba en el radar libertario.
Esos pedidos van desde suprimir los beneficios fiscales de empresas británicas en la Argentina hasta revisar las compañías adheridas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), constituir una mesa de discusión interpartidaria y fortalecer el equipamiento para defensa.
Estas iniciativas se superpondrían con la iniciativa oficial. Según adelantó Milei, impulsará una ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propondrá modificar la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, contemplará la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá entre sus principales tareas la definición de una política de seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”.
Críticas opositoras
En el Congreso, el oficialismo cuenta con bloques de 95 diputados y 21 senadores, pero no tiene mayoría en ninguna cámara. Esto lo obliga a negociar para avanzar con las leyes que pretenda.
Desde Unión por la Patria (UP), el entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto para derogar el convenio de doble imposición con el Reino Unido y eliminar los beneficios tributarios que reciben empresas británicas que operan en el país. Según el diputado, más de 500 contribuyentes británicos utilizaron en los últimos años ese régimen preferencial, que tendría un costo fiscal promedio de US$50 millones anuales.
Desde la Izquierda, Nicolás del Caño acusó: “Milei quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a EEUU en su disputa con Gran Bretaña”.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió explicaciones al Gobierno porque Southern Energy, una empresa beneficiada por el RIGI, está integrada en un 15% por otra firma que habría sido sancionada en 2013 por operar sin autorización cerca de Malvinas.
Incluso el gobernador Raúl Jalil (Catamarca), cercano a la Casa Rosada, celebró que el Gobierno haya “revisado su mirada sobre Malvinas”, pero reclamó más infraestructura militar en Tierra del Fuego para consolidar la presencia del país en el Atlántico Sur.
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