El Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue la posible comisión del delito de “atentado al orden constitucional y a la vida democrática” durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado debatía el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La presentación fue realizada por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, quienes sostuvieron que los hechos denunciados tuvieron como objetivo a instituciones, poderes y funcionarios públicos federales mientras desarrollaban sus tareas.
“Los hechos que denunciamos se habrían cometido contra instituciones, poderes y miembros públicos federales en ocasión en la que desarrollaban sus labores y que operaban en el marco de sus funciones”, señalaron en el escrito.
La denuncia busca que la Justicia determine las responsabilidades por los episodios de violencia ocurridos durante la movilización y establezca si existió participación, colaboración o instigación de otras personas en los incidentes.
La manifestación contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se había desarrollado de manera pacífica durante casi seis horas. Sin embargo, alrededor de las 17 comenzaron los enfrentamientos cuando la Policía Federal Argentina (PFA) utilizó gases para desalojar a manifestantes que se encontraban frente al vallado dispuesto para proteger el Congreso.
Grupos reducidos rompieron sectores de veredas y cordones para obtener escombros que luego fueron arrojados contra los efectivos. También se registraron destrozos e incendios de cestos y contenedores de basura.
En paralelo, grupos de infantería de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval avanzaron sobre los manifestantes con carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas.
El operativo terminó dispersando tanto a quienes protagonizaban los ataques como a otros manifestantes que participaban de la protesta sin provocar incidentes.
Hubo 18 detenidos y diez ya fueron liberados
Como consecuencia de los enfrentamientos fueron detenidas 18 personas, inicialmente acusadas de resistencia a la autoridad. Los procedimientos quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Federico Tropea.
Fuentes policiales indicaron que tampoco se descarta que algunos de los sospechosos sean imputados por daños.
De los 18 detenidos, 10 recuperaron la libertad, mientras que los ocho restantes todavía debían declarar y enfrentar las correspondientes imputaciones. Las identidades no fueron informadas oficialmente.
Más allá de esas actuaciones, el Gobierno considera que la gravedad de lo ocurrido amerita una investigación en el ámbito de la Justicia federal.
El Gobierno pide identificar a responsables e instigadores
En la presentación, los funcionarios solicitaron una investigación “exhaustiva” para determinar qué ocurrió e individualizar no sólo a quienes participaron directamente de los ataques, sino también a posibles colaboradores o instigadores.
“Solicitamos a la Justicia federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados, se individualicen a los responsables y a todos aquellos que hayan colaborado o participado o instigado, propendido a la generación del escenario delictivo y antidemocrático que se denuncia”, expresaron.
Según la denuncia, un grupo de manifestantes arrojó “piedras, escombros y otros objetos contundentes” contra los integrantes de las fuerzas federales desplegados en la zona.
El escrito también menciona la rotura de baldosas y bancos públicos para utilizar sus fragmentos contra los uniformados y sostiene que hubo efectivos lesionados, además de daños en estructuras y vehículos policiales.
Reclaman medidas de prueba “con premura”
Pugnaloni y Franco solicitaron además que se dispongan “con premura” distintas medidas de prueba destinadas a identificar a los responsables de los hechos.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que continúa el análisis del material reunido durante los incidentes y anticiparon que podrían aportar nuevos elementos a la investigación judicial.
“El Ministerio de Seguridad Nacional se encuentra en proceso de análisis de los acontecimientos delictivos reseñados precedentemente, a fin de evaluar el acompañamiento de elementos de convicción idóneos para la investigación”, señalaron en la presentación.
La cartera de Seguridad también quedó a disposición de la Justicia para entregar documentación, imágenes u otros elementos que puedan resultar útiles para determinar las responsabilidades por los incidentes ocurridos durante la protesta.
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