Desde que asumió Javier Milei, el precio de los combustibles se disparó y aumentó más de 550%, demostrando que el incremento fue superior a la inflación en ese mismo período y se produjo una pérdida en el poder de compra.
Unos días después de que La Libertad Avanza tomara las riendas del poder, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación de la moneda del 54%, al tiempo que liberó los precios del sector de los combustibles.
El impacto se vio reflejado de manera directa en el deterioro del poder de compra de las personas y en la menor capacidad para abastecerse. En concreto, el precio de la nafta subió un 558% desde noviembre de 2023, muy por encima de la inflación registrada en ese mismo período y del incremento que registraron los salarios.
Cargar un litro de nafta súper pasó de $311 en 2023 a superar los $2.000 hoy en día. Suponiendo que un tanque de un auto promedio lleva 50 litros de combustible, la capacidad que dispone un salario medio del sector privado se aproxima a completar la tercera parte; es decir, solamente puede cargar 16,4 tanques (-38%).
Frente a 2023 perdió alrededor de 10 tanques, cuando se podrían llenar más de la mitad (26,3) con un salario promedio, según el informe de la Fundación Encuentro.
Esto ocurrió porque el aumento que se registró en los combustibles fue ampliamente superior al que obtuvieron los salarios en el mismo período: mientras que los salarios aumentaron 311%, la nafta súper pasó a valer 588% más. También queda por encima de la inflación en ese mismo período, la cual se sitúa por encima del 373%.
La política de fijar el precio interno de los combustibles, a pesar de que la Argentina produce su propio petróleo, entra en el relevamiento y es cuestionada por la Fundación que hizo el estudio.
Desde agosto de 2025 a agosto de 2026, la producción de petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta aumentó 47% y las refinerías trabajan al tope de su capacidad. Sin embargo, el precio se sigue fijando y el argentino lo compra como si fuese importado del exterior.
“Vaca Muerta bombea cada vez más petróleo propio y barato, y las refinerías trabajan al tope. Sin embargo, se decidió fijar el precio interno como si cada litro llegara importado desde el exterior. El resultado: pagamos valor internacional por un recurso que es nuestro”, criticó el informe.
El impacto no solo alcanza a quienes poseen vehículos, sino que empuja a todos los precios. La cadena al alza engloba cuatro fases que terminan chocando con el consumidor.
En primer lugar, el combustible anota un aumento y se incrementan la nafta y el gasoil. Ese alza se traslada hacia el transporte, por lo que el precio de mover mercadería se encarece, haciendo que llegue a los alimentos y bienes en el precio final.
En materia inflacionaria, el encarecimiento de los combustibles puede presionar hasta 2,5 puntos. “El combustible caro no lo paga solo el automovilista: lo paga cualquiera que compra comida”, aseveró el documento.
El informe también señala el destino de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) asignados por ley a la construcción y el mantenimiento de rutas.
Del total de $1,5 billones recaudados en los últimos dos años y medio, solo el 26% se ejecutó en obra vial, mientras que el resto permaneció colocado en plazos fijos y bonos del Estado. Con los fondos no ejecutados, podrían haberse mejorado entre 20 y 25 mil kilómetros de rutas, equivalentes a cerca de dos tercios de la red vial nacional.
“La política de combustibles llena dos cajas -la de los balances y la del superávit- y de paso empuja la inflación de todos. Las cuentas de arriba cierran; la ruta y el bolsillo, no”.
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