La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue en la mira de la Justicia luego de que una auditoría interna detectara “sobreprecios sistemáticos” en la compra de insumos médicos y ortopédicos, pagos duplicados, productos distintos de los adjudicados y prestaciones que figuraban como entregadas pero que, según los relevamientos, nunca habrían llegado a sus beneficiarios.
Las inconsistencias se habrían concretado durante la gestión al frente del organismo del procesado Diego Spagnuolo y fueron halladas en la auditoría que ordenó su sucesor, Alejandro Vilches, quien renunció la semana pasada. Los informes, fechados en octubre de 2025 y abril de este año, calificaron algunos de los desvíos detectados como “técnicamente indefendibles” y describieron un esquema de compras con sobreprecios que, en algunos casos, llegaron a superar ampliamente los valores pagados por el PAMI o las referencias de mercado.
De allí se desprende, por ejemplo, que la empresa Farma Salud le facturó a la Andis $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025. Apenas unos meses antes, en marzo, el PAMI había adjudicado a otra firma el mismo sistema por $124,2 millones. Los técnicos también encontraron diferencias en la compra de endoprótesis y de una válvula pulmonar autoexpandible: en este último caso, el monto abonado por la Andis alcanzó los $295,1 millones, mientras que el PAMI había pagado $36,4 millones por un producto similar. La diferencia señalada llegó al 711%.
Otro relevamiento puso la lupa sobre los implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta. El precio promedio pagado por la Andis fue de US$62.613 por unidad, frente a una adjudicación de características similares realizada por otra repartición a US$12.125. Los técnicos establecieron además una referencia de mercado cercana a los US$16.975, por lo que calcularon un incremento de US$45.638 por unidad, equivalente a un 269% sobre ese valor de referencia.
También apareció un caso relacionado con Neurosalud. En junio de 2025, la empresa cobró $132,4 millones por un neuroestimulador implantable bilateral con batería no recargable. Un mes antes, el PAMI había comprado el mismo dispositivo a $41,5 millones por unidad, según la comparación incluida en el informe.
Más irregularidades
La documentación detectó situaciones que excedían las diferencias de precios. En el caso de Indecomm, una de las seis facturas emitidas a la Andis en noviembre, por $28,7 millones, habría sido abonada dos veces. La auditoría advirtió que ambas operaciones correspondían al mismo importe y alertaron sobre la reiteración de adquisiciones a valores elevados y en períodos muy breves.
Los informes incorporaron además cuestionamientos sobre la categorización de determinados productos. En uno de los casos analizados “se facturaron unidades C01 por valores de entre $11 millones y $14,9 millones cuando, de acuerdo con el relevamiento, por las características de la patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia se ubicaban entre $1,3 millones y $2,3 millones”.
Los técnicos sostuvieron también que determinadas necesidades terapéuticas podían ser cubiertas con equipamiento de fabricación nacional y a un costo menor. En ese contexto, cuestionaron la utilización reiterada de módulos importados cuyos sobreprecios, según el informe, oscilaban entre el 300% y el 1000%.
Entre los casos más llamativos figura una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones, frente a una referencia de mercado de $945.000. El informe calculó allí una diferencia del 1.904%. En otra muestra, ocho sillas facturadas por Expo Trauma totalizaron $134 millones, mientras que la referencia utilizada por los técnicos alcanzaba los $11,27 millones. Bymax, en tanto, acumuló según el relevamiento un sobreprecio de $84,1 millones. Entre los ejemplos se incluyó una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones, cuyo valor de mercado era inferior a $500.000.
La auditoría también consignó un andador con una diferencia calculada en 4.239%. Desde Ortopedia Bernat, sin embargo, explicaron que esa factura se encontraba impaga al momento del relevamiento y señalaron que originalmente se había adjudicado un producto más sofisticado, aunque finalmente se entregó otro de menor complejidad. Según la explicación de la empresa, el circuito administrativo continuó y se facturó el valor correspondiente al producto originalmente adjudicado.
Otro episodio ocurrió en Río Negro, donde un paciente necesitaba una prótesis por una amputación. En la documentación figuraba un remito firmado por la madre del beneficiario como constancia de entrega. Sin embargo, el relevamiento directo realizado posteriormente determinó que el elemento no había sido recibido.
En sus presentaciones, Vilches también informó que nueve empresas —entre ellas Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud, Ortopedia Bernat, Artrobone, Cirugía y Ortopedia Imnova, Bymax Medical y Expo Trauma— habían facturado a la Andis más de $25.600 millones, según el análisis de más de 500 expedientes administrativos. La auditoría describió “sobreprecios sistemáticos”, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y distintas debilidades en los circuitos de contratación.
El relevamiento detectó además expedientes que comenzaban directamente con facturas presentadas al cobro, sin constancias de licitación, compulsa o contratación directa previa. Las compulsas implementadas después de la intervención también mostraron diferencias de precios de hasta 838%, según la documentación enviada a la Justicia.
A las irregularidades vinculadas con las compras se sumaron problemas en los registros del organismo. Un cruce de bases detectó 178.254 personas fallecidas dentro de un padrón de 1.656.641 titulares activos de pensiones no contributivas por invalidez, mientras que también fueron identificados 114 titulares privados de la libertad. Una auditoría separada había detectado, además, una diferencia de unos $158.000 millones en los registros de deuda del área de Discapacidad.
Los informes fueron incorporados a la causa judicial que investiga presuntas coimas en la Andis. Algo por lo que ya fueron procesados Spagnuolo y otros 18 imputados acusados de haber integrado una presunta asociación ilícita.
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