Una auditoría realizada sobre la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros internos de deuda del organismo. El desfase fue identificado al comparar la información proporcionada por dos áreas de la agencia y quedó incorporado a los elementos que analiza la Justicia en la investigación por presuntas irregularidades en los procesos de compras y contrataciones.
El informe fue elaborado a partir de una auditoría ordenada por el Gobierno tras la intervención del organismo y abarca la gestión de la exAndis hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue desplazado de su cargo el entonces director Diego Spagnuolo. El relevamiento incluyó pagos a droguerías y proveedores, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.
Según el documento, los auditores solicitaron información sobre pagos y obligaciones a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), un área que intervenía en la compra de medicamentos e insumos vinculados con programas de atención a personas con discapacidad.
La comparación de los datos entregados por ambas dependencias arrojó una diferencia de $158.717.131.557,63 en los listados de la denominada deuda exigible. La DNASS informó un monto de deuda superior al registrado por el área contable.
El informe también dejó asentada una advertencia sobre la información proporcionada por la DNASS. Desde esa dependencia señalaron que tanto los importes como la clasificación de las obligaciones podían haber sufrido variaciones debido a posibles errores involuntarios en la carga de datos realizada por los prestadores.
Una fuente conocedora del funcionamiento administrativo de la exAndis explicó que este tipo de diferencias puede producirse cuando un área asume el compromiso de pagar una prestación, pero la obligación todavía no completó el circuito administrativo necesario para ser reconocida formalmente por el área contable. Sin embargo, la misma fuente consideró significativo el monto detectado.
La DNASS es, además, una de las áreas alcanzadas por la investigación judicial a cargo del fiscal Franco Picardi. En esa causa se analizan presuntos sobreprecios y posibles irregularidades en procedimientos de adquisición. Entre las operaciones bajo análisis aparecen compras de medicamentos de alto costo realizadas a través del programa PACBI.
La auditoría también puso el foco en los mecanismos utilizados para efectuar determinados pagos. El informe señaló que la exAndis continuaba utilizando la figura de “legítimo abono”, un mecanismo que permite reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados, aun cuando no hayan atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.
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