La crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo generaron que en apenas un año, la cantidad de deudores clasificados como “irrecuperables” (Situación 5, con atrasos de más de un año) registrara un incremento del 60%, alcanzando un total de 3,4 millones de personas.
El reporte, elaborado con datos oficiales a julio, revela un escenario aún más complejo: 5,6 millones de argentinos registran algún tipo de atraso (mora de tres meses o más), lo que representa el 26,9% del total de deudores del país y el 15,9% de la población mayor de 18 años.
Sólo en el último año se sumaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos. Más de uno de cada cuatro deudores en el país registra incumplimientos en sus créditos, lo que refleja un acelerado deterioro en la capacidad de pago de las familias, según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en datos del Banco Central (BCRA).
A diferencia de otras crisis donde los grandes créditos corporativos arrastraban el sistema, desde el IAG explican que hoy el sobreendeudamiento crítico se concentra en compromisos financieros de menor envergadura.
De hecho, la mitad de los deudores “irrecuperables” mantiene deudas acumuladas de $77.900 o menos. Esto evidencia que las familias están ingresando al Veraz no por compras suntuosas o bienes durables, sino por la absoluta imposibilidad de cancelar saldos mínimos cotidianos y consumos de primera necesidad.
El relevamiento destaca que la morosidad castiga con mayor fuerza fuera de los bancos tradicionales, afectando especialmente a las casas de electrodomésticos (con una mora del 54%) y a otras cadenas comerciales (28,7%).
POR EDADES
Por franja etaria, los jóvenes de 15 a 29 años lideran el incumplimiento con un 38,1%. El informe del Centro expone fuertes asimetrías territoriales lideradas por La Rioja (26%), Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), y completando con San Juan y Catamarca (22,1% cada una).
Los analistas del reporte vinculan esta dinámica a la caída sostenida del salario real, tanto en el sector público como en el privado registrado, y al mantenimiento de altas tasas de interés activas aplicadas al crédito al consumo.
Esta dinámica responde a la caída del salario real y a las altas tasas de interés en créditos de consumo. Frente a este escenario crítico, el Congreso de la Nación activó una agenda urgente. Entre 2025 y 2026 se acumularon más de 50 iniciativas parlamentarias que buscan frenar los efectos del sobreendeudamiento familiar.
Tras una fuerte presión opositora, el plenario de las comisiones de Derecho al Consumidor y Finanzas aceleró el tratamiento. La Cámara de Diputados fijó una fecha central para el 29 de septiembre de 2026, día en que el oficialismo y la oposición avanzarán con la unificación de los despachos.
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