En el marco de una intensa jornada parlamentaria que se extendió durante más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo busca facilitar la exteriorización y formalización de fondos no declarados, además de introducir reformas sustanciales en materia impositiva y de regulación económica.
El resultado en el recinto reflejó la marcada polarización entre las distintas fuerzas políticas. La aprobación del proyecto se concretó gracias al respaldo del bloque oficialista y sus aliados clave, alcanzando un total de 139 votos afirmativos, frente a 110 votos negativos de la oposición y 2 abstenciones. Un total de 251 legisladores emitieron su voto de forma efectiva, en una jornada con alto nivel de asistencia en la votación general.
El debate estuvo atravesado por fuertes cruces discursivos y negociaciones a contrarreloj. Tras los recientes reveses legislativos del Gobierno en la Cámara Alta, la votación en Diputados representaba un examen determinante para medir la cohesión entre el oficialismo y los bloques aliados. Mientras que los sectores opositores cuestionaron la celeridad del trámite y los eventuales efectos sobre la equidad tributaria, los defensores de la norma remarcaron que el régimen es indispensable para dinamizar la economía, atraer ahorros al sistema financiero e incentivar la inversión privada.
Con la media sanción asegurada en la Cámara Baja, el proyecto de Inocencia Fiscal II será girado en los próximos días al Senado de la Nación. En la Cámara Alta se anticipa un escenario con un equilibrio de fuerzas aún más ajustado, por lo que el oficialismo deberá intensificar las negociaciones con los bloques provinciales y opositores para intentar convertir la iniciativa en ley en las próximas semanas.
De qué se trata el proyecto de Inocencia Fiscal II
El proyecto de ley Inocencia Fiscal II propone flexibilizar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias mediante la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio existentes. De esta manera, cualquier persona humana o pyme puede adherir al esquema sin importar su escala de facturación.
Uno de sus pilares es el fortalecimiento del denominado "tapón fiscal", que establece una presunción de exactitud sobre las declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos no prescriptos. Con esta medida, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) queda imposibilitada de realizar fiscalizaciones discrecionales sobre el consumo o las variaciones patrimiales del contribuyente.
La norma fija que la carga de la prueba recae de manera exclusiva en el fisco, que solo puede utilizar sus registros oficiales para demostrar eventuales inconsistencias. Asimismo, amplía el margen de tolerancia fijando que únicamente habrá "discrepancia significativa" si las diferencias detectadas superan el 15% de lo declarado o el 5% del umbral del delito tributario.
En materia de correcciones y sanciones, otorga un plazo de 15 días hábiles tras una notificación oficial para presentar rectificativas y saldar saldos adeudados sin perder los beneficios. Adicionalmente, incluye un alivio tributario con la quita del 25% en multas formales para pymes y la condonación del 50% en sanciones no firmes a cambio de la regularización.
Finalmente, el proyecto busca incentivar la exteriorización de ahorros no declarados al permitir que el dinero que ingrese al sistema financiero se formalice de manera ágil en la presentación de Bienes Personales. Como contrapeso ético, la ley prohíbe expresamente el acceso a todos estos beneficios a los funcionarios públicos.
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