El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que restituyó un artículo del megadecreto 70/2023 de Javier Milei y quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros podría redundar en una victoria pírrica para el Gobierno si es que la oposición logra imponer (y aprobar) su agenda en el Congreso. Porque esa decisión judicial desató no solo el intento de los bloques críticos de anular todo el DNU, sino también de avanzar con temas sensibles para la Casa Rosada como son la prórroga de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
En un abierto desafío al Gobierno, diputados del PJ, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y otros espacios cerraron filas para convocar a una sesión especial para el jueves 15 de octubre, a las 14. La fecha no es azarosa. Para ese día también está pautada la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento para las casas de estudio.
El temario que propone la oposición incomoda al Poder Ejecutivo. Sobre todo en lo atinente al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, aunque en el poroteo inicial las cuentas jugarían a favor del ofiicialismo
Rechazado por el Senado en 2024, el megaproyecto proyecto libertario nunca pasó por la Cámara baja. En caso de que Diputados también vote en contra, la norma quedaría finalmente derogada.
Además de restituir la Ley de Tierras y sus limitaciones para la venta a extranjeros, un eventual revés para el oficialismo en Diputados pondría en jaque una multiplicidad de reformas y derogaciones establecidas en el decreto fundacional de la gestión libertaria. De este modo, leyes como la de alquileres, la privatización de empresas públicas y la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga volverían a regirse por el marco legal previo a diciembre de 2023.
El Gobierno, en alerta
Por eso es que, antes que celebrar, la resolución de la Corte -que deslegitimó el reclamo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y falló a favor del Gobierno- puso en alerta al Gobierno para evitar que un artículo haga trizas todo un decreto.
Cerca del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya delinean su estrategia para blindar el DNU y deslizaron que trabajan en otorgar algunas concesiones con sus aliados.
Entre las alternativas que barajan los libertarios figura la posibilidad de incluir un capítulo que delimite los alcances de la venta de tierras a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe pasar por la Cámara Baja.
Para conseguir el quorum, la oposición necesita reunir 129 diputados. Una vez alcanzado ese número, requiere de una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) para voltear el decreto que Milei impulsó a poco de asumir la Presidencia del país.
Además, la bancada de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, terminó por acordar con el resto de los espacios la inclusión en el temario de los proyectos de discapacidad y morosidad. Así, se aseguró el respaldo de Oscar Herrera Ahuad -exgobernador de Misiones y jefe del bloque provincial Argentina Federal- y de otros espacios del centro que muestran reparos en cuanto al rechazo al megadecreto.
La oposición intentará, de esta manera, imponer su propia agenda. Aunque todavía sigue lejos de reunir los votos necesarios para aprobar las tres iniciativas. Especialmente en el tema discapacidad, donde el oficialismo corre con ventaja tras haber presentado un proyecto que prácticamente convalida la prórroga de la emergencia.
También se presenta difícil el escenario para rechazar el DNU. Mientras algunos diputados ven en esta sesión la oportunidad para dar de baja definitivamente el decreto, otros muestran reparos porque adhieren a aspectos generales, como los vinculados a las privatizaciones o a la ley de alquileres. Aunque hay quienes anticipan que, en caso de caerse el DNU, el oficialismo podría presentar proyectos de ley específicos abordando cada cuestión.
En cuanto a morosidad, la oposición tendría el camino más allanado para avanzar con la iniciativa que contempla la emergencia a través de un plan de reestructuración con topes a las tasas y condonaciones de hasta el 100%.
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