La Cámara de Diputados de la Provincia sancionó ayer la reforma al régimen previsional especial que beneficia a exsoldados de la guerra de Malvinas, que no continuaron con sus carreras en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por las secuelas del trágico conflicto bélico de 1982. La nueva ley, que ya había sido aprobada por el Senado provincial, permite así que sean contemplados en ese sistema aquellos excombatientes que no fueron derivados a otros puestos de trabajo estatales.
El mes pasado el proyecto había obtenido media sanción de la Cámara alta bonaerense y ayer fue convertido en ley por la Cámara de Diputados con agrupaciones de excombatientes que presenciaron la sesión desde los palcos del recinto de la Legislatura.
La iniciativa había sido redactada por los senadores de Fuerza Patria María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, quienes habían explicado en su momento que el Régimen Previsional Especial vigente sólo abarcaba a los suboficiales y oficiales que, por las heridas de guerra, desempeñaron tareas en el Estado provincial, sin incluir a aquellas personas que no consiguieron lugar en el Gobierno bonaerense pese a que no lograron proseguir con su trayectoria militar producto de las secuelas bélicas.
Fueron designados en el Consejo de la Magistratura Sofía Vanelli y Mariano Cascallares
En ese sentido, la propuesta inicial establecía que estos excombatientes de Malvinas debían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense para gozar del beneficio, que será equivalente al 80 por ciento de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires, y que incluye el goce del 100 por ciento de los subsidios mensuales estipulados en la Ley 13.659.
Sin embargo, en octubre del año pasado los héroes de guerra alertaron que, si la Legislatura bonaerense sancionaba esa ley, se legalizarán “beneficios jubilatorios ilegales” que no solo comprometerán los recursos del Gobierno provincial, sino que también reconocerán a exmilitares que tomaron cargos como auxiliares en escuelas bonaerenses sin respetar la Ley 10.430 sobre los requisitos para el ingreso a la Administración Pública.
Es porque el certificado de baja obligatoria de las FF.AA presentado por estos militares no especifica los motivos de por qué cesaron su carrera en el Ejército. Según el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), esto permitió que varios exsoldados que cometieron delitos, faltas disciplinarias e incluso alzamientos contra el orden constitucional, utilizaran la falta de controles para ingresar a trabajar en el Estado.
En ese sentido, desde el colectivo de excombatientes lograron que el texto parlamentario incluya un artículo con el que los suboficiales y oficiales que quieran adecuarse al régimen previsional, deben corroborar su situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, siempre y cuando las causas no hayan sido por rebeldía o por condena emanada de tribunales comunes o federales que sea equivalente a la destitución militar.
Finalmente, el CECIM propuso que la iniciativa también contemple a los miembros de las FF.AA. que fueron procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad. Con esto, aquellos militares que fueron autores de delitos contra el orden constitucional o hayan incumplido sus deberes durante la Guerra de Malvinas, no podrán acceder al régimen previsional.
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