En la antesala del paro nacional docente previsto para mañana, el Gobierno nacional endureció su postura frente a la medida de fuerza y confirmó que desplegará inspecciones en escuelas de todo el país para controlar el funcionamiento de los establecimientos durante la protesta.
Según informó el Ministerio de Capital Humano, los operativos se realizarán de manera muestral y estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El objetivo será verificar que se garantice el nivel mínimo de prestación del servicio educativo que el Ejecutivo sostiene que debe mantenerse durante una huelga.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que, en caso de constatar incumplimientos, se pondrán en marcha los procedimientos previstos para aplicar las sanciones correspondientes. La decisión fue comunicada a menos de 48 horas del inicio del paro y se inscribe en el creciente enfrentamiento entre la administración nacional y los gremios docentes por la política salarial y las condiciones laborales del sector.
El Gobierno invoca la esencialidad del servicio
El Ejecutivo fundamentó la medida en la normativa que considera a la educación un servicio esencial, criterio que, según sostiene, obliga a garantizar el 75% de la prestación habitual durante un paro.
No obstante, ese punto continúa siendo objeto de una disputa judicial. Una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió de manera provisoria la aplicación de esa disposición, aunque el Gobierno apeló la resolución y mantiene su interpretación sobre la vigencia de la norma mientras se resuelve el conflicto de fondo.
En el comunicado oficial, Capital Humano remarcó que, si bien la administración de las escuelas corresponde a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, el Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y llamó a todos los actores del sistema educativo a cumplir la legislación vigente para brindar previsibilidad a las familias. Además, sostuvo que el objetivo de la supervisión es asegurar que los alumnos puedan acceder a las clases pese a la convocatoria al paro y evitar que la medida tenga un impacto total sobre el dictado de actividades.
Los reclamos de CTERA
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó al paro para el mismo día en que se reanudan las clases en la Provincia y la ciudad de Buenos Aires tras el receso invernal.
La organización sindical justificó la medida en la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y reclamó una recomposición salarial, la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, conectividad y programas socioeducativos.
Además, expresó su rechazo a posibles modificaciones del régimen jubilatorio docente y a iniciativas vinculadas con la denominada “Ley de Libertad Educativa”. Desde la central también convocaron a una jornada nacional de protesta junto a organizaciones sindicales, estudiantiles y de la comunidad educativa para reclamar políticas que, según sostienen, fortalezcan el sistema público de enseñanza y mejoren las condiciones de trabajo de los docentes.
A diferencia de CTERA, los sindicatos docentes nucleados en la CGT resolvieron no adherir al paro nacional y anunciaron un plan de lucha sin suspensión de clases.
Entre las medidas previstas figuran jornadas informativas sobre la situación educativa, trabajo a reglamento y una movilización cuyo destino será definido en las próximas horas. También convocaron a una conferencia de prensa para este lunes por la tarde, en la sede de la central obrera.
La decisión marcó una diferencia de estrategia frente a CTERA, aunque ambos espacios coinciden en reclamar una actualización salarial, la reapertura de la paritaria nacional y mayores recursos para el sistema educativo.
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