Con duras críticas, referentes de distintos sectores de la oposición rechazaron el proyecto de Ley de Soberanía Nacional que incluye sanciones económicas a empresas que operen ilegalmente en las Islas Malvinas, pero que -entre otros puntos- también autorizaría a las Fuerzas Armadas a involucrarse en cuestiones de seguridad interior y tipificaría como delito la “manipulación de la opinión pública”. Por eso, desde diferentes espacios salieron a señalar algunos tramos de la iniciativa que consideran “peligrosos”.
El texto, de 133 artículos, todavía no fue girado a comisiones, pero por los temas que afecta debería discutirse en un plenario que incluya a las comisiones de Defensa, Presupuesto, y Legislación Penal, entre otras.
Según el Gobierno, el proyecto busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas”.
“Muy peligroso”
Mientras, desde la oposición ya alertaron sobre algunos puntos “peligrosos” y acusaron al Gobierno de buscar facultades extraordinarias, involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y persecución política.
El radical Pablo Juliano, por caso, apuntó contra un artículo que, según señaló, modifica el código penal para imponer penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
“El Presidente [...] quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”, sentenció Juliano.
Por su parte, el diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón advirtió que “el proyecto Malvinas implica un riesgo para la democracia” y argumentó: “Detrás de una causa sentida y el llamado a la unidad nacional, el gobierno de Milei busca concentrar todo el poder en materia de seguridad pública, desdibujar el rol del Congreso, instalar un estado generalizado de sospecha, habilitar la persecución y caza de brujas, involucrar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y arrogarse competencias de materia judicial”.
Por eso, completó Paulón, “resulta inaceptable respaldar un proyecto que rompe los límites republicanos y pone en riesgo la calidad democrática del país”.
Por otro lado, el exministro de Defensa y actual diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi opinó sobre la propuesta del oficialismo que se trata de “una ley ómnibus porque se introducen varios temas en un mismo proyecto” y dijo ver “una trampa”, ya que bajo la excusa de sancionar a empresas que operen ilegalmente en las Malvinas se pretendería “modificar el sistema de Seguridad Nacional por vías indirectas”.
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