La implementación de la reforma laboral comenzó a registrar sus primeros movimientos en el sector industrial mediante acuerdos bilaterales entre empresas y sindicatos. A pocos días de la entrada en vigencia de la nueva normativa de modernización laboral, la autopartista Ontec, perteneciente al Grupo Mirgor, y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) formalizaron un esquema de jornada flexible para 190 operarios en su planta de Baradero. El mecanismo prevé la creación de un "banco de 200 horas" que faculta a la firma a suspender la prestación de tareas ante eventuales caídas de la demanda o faltante de insumos, para luego compensar esa carga horaria cuando se normalice el nivel de actividad.
Desde la conducción de Smata, gremio liderado por Ricardo Pignanelli —quien además ocupa la vicepresidencia quinta del Partido Justicialista bajo la conducción de Cristina Kirchner—, relativizaron el carácter excepcional del entendimiento y argumentaron razones de pragmatismo frente al actual escenario recesivo. "El banco de horas es una herramienta en caso de emergencia y si la coyuntura lo amerita. No es un acuerdo a la baja ni es a cambio de horas extras", señaló un directivo del sindicato, recordando que el sector ya recurrió a instrumentos similares durante las crisis de 2001 y 2008, así como en un convenio de productividad sellado con Toyota en 2018. El contexto general del gremio metalmecánico está marcado por una contracción de la actividad que, según estimaciones propias, derivó en la pérdida de unos 8.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
Este tipo de modificaciones convencionales coincide en el tiempo con los planteos conceptuales que la propia expresidenta de la Nación formuló a comienzos de 2024 en un documento de análisis político, donde sugirió la necesidad de revisar los esquemas de contratación mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo. En sintonía con este nuevo marco regulatorio, en el ámbito aerocomercial también se reportaron esquemas de contingencia. La firma Flybondi acordó con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (Ataf) un programa de suspensiones rotativas con el pago del 70% de los haberes, motivado por las dificultades para restablecer la totalidad de su flota de aviones.
Por su parte, la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, busca profundizar esta tendencia mediante la convocatoria a cámaras empresariales y representaciones gremiales con el propósito de rediscutir las condiciones de contratación. La estrategia oficial apunta a revisar un universo de 446 convenios colectivos cuyas cláusulas de ultraactividad quedaron modificadas con la legislación reciente, buscando además limitar los aportes obligatorios extraordinarios y propiciar la conformación de sindicatos por empresa.
No obstante, la viabilidad operativa de esta convocatoria genera visiones contrapuestas debido al achicamiento de la estructura del organismo laboral, que incluyó el cierre de delegaciones regionales y la eliminación de la Dirección de Asociaciones Sindicales. "No tienen estructura para llamar a nadie", evaluó un dirigente sindical de perfil componedor frente a las demoras administrativas que exhibe la repartición estatal, diagnóstico que fue compartido de manera parcial por técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA) respecto de las dificultades para encauzar trámites rutinarios y conflictos colectivos.
En el plano corporativo de las centrales obreras, la Confederación General del Trabajo (CGT) transita un período de deliberación interna y visiones dispares entre los miembros de su conducción respecto de las medidas de fuerza a adoptar. Mientras una delegación conjunta de la CGT y las dos vertientes de la CTA expuso sus reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra para denunciar el impacto de las reformas sobre los derechos sociales, en el ámbito local predomina una postura de cautela frente a medidas de acción directa. La dispersión en el frente gremial se evidenció tras la falta de una respuesta unificada ante la intervención judicial dictada sobre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde los tribunales designaron a Alberto Biglieri como interventor por un plazo de 180 días tras cuestionamientos al último proceso electoral del sindicato.
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