Las redes sociales suelen no perdonar y menos cuando hay un funcionario público en el medio. En las últimas horas, los portales y la plataforma "X" se convirtieron en un centro de teorías de todo tipo. ¿El motivo? El anuncio que Bettina Angeletti y su esposo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, pidieron entrar al Régimen Simplificado de Ganancias ante ARCA.
Muchos no tardaron nada en instalar que se trataba de un blanqueo encubierto para esconder patrimonio. Pero, la realidad técnica es bastante menos escandalosa que los comentarios.
Para entender de qué se trata, hay que sacarle el traje a la política y mirar los papeles. Adorni no se anotó en un régimen inventado para él. Lo que hizo fue usar una herramienta de la Ley Nº27.799 (la famosa "Ley de Inocencia Fiscal") que el Gobierno de Milei aprobó a fines del año pasado. Esa norma cambió el tablero impositivo para todos los argentinos: subió los montos mínimos para que la evasión vaya a juicio penal y bajó los años que el fisco puede investigarte para atrás (pasó de cinco a tres años).
Dentro de ese paquete apareció el "Régimen Simplificado". Básicamente, es un sistema donde el contribuyen no hace la declaración jurada a mano. ARCA cruza los gastos de tarjetas, facturas y consumos y arma una liquidación precargada. Si el contribuyente está de acuerdo, pagas. El objetivo del Gobierno es bajar la burocracia y presumir, por una vez, la buena fe del aportante.
La bronca de la oposición viene por el "tapón fiscal". La ley dice que, si se paga en término esa declaración que ARCA armó, el organismo no puede volver el tiempo atrás para revisar o ajustar los períodos anteriores. Muchos lo vieron como un "borrón y cuenta nueva" automático. Pero la ley metió varios candados para que el sistema no actúe de esa manera:
- La regla del 15%: El beneficio se cae por completo si ARCA encuentra una "discrepancia significativa", es decir, si el patrimonio real difiere en un 15% o más de lo que mostró la declaración precargada.
- Si la plata que se omitió supera el nuevo umbral del Régimen Penal Tributario (fijado en 100 millones de pesos), la protección administrativa se evapora y queda expuesto a una denuncia penal directa.
La vía penal ordinaria sigue libre: Esto es solo un trámite impositivo. Ninguna resolución de ARCA tiene el poder de frenar, congelar o archivar causas de la Justicia Federal por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o recepción de dádivas.
En el plano del derecho, el trámite de Adorni dista mucho de ser el pase de impunidad que las pasiones digitales pretenden mostrar.
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