El caso de presunta corrupción más resonante de la política bonaerense sumó un nuevo capítulo que aleja cualquier expectativa de resolución rápida. Lo que parecía ser la llave para destrabar el expediente terminó en un rotundo fracaso, luego de que el único empleado de la Legislatura que estaba dispuesto a aceptar un juicio abreviado diera marcha atrás y sepultara con ello la estrategia de la fiscalía.
Con este portazo, la investigación que tiene como figura central a Julio “Chocolate” Rigau se encamina hacia un eventual juicio oral que, con suerte, se realizaría recién en marzo de 2027.
Según publicó el diario La Nación, Antonio Rodríguez —uno de los empleados imputados y pareja de una concejal de La Libertad Avanza de Berisso— había pactado con la fiscal Viviana Arturi una condena de tres años de prisión en suspenso. Sin embargo, el trato se cayó cuando Rodríguez leyó la “letra chica” de la ley que lo inhabilitaba de por vida a ejercer cargos públicos.
Según la reconstrucción del caso, el imputado se negó a firmar porque no descarta regresar en el futuro a la administración pública.
El Código Penal establece que la inhabilitación para funcionarios públicos en estos delitos es perpetua y no puede limitarse al plazo de la condena, como pretendía la defensa. Este retroceso no solo frustró a la fiscalía, sino que encendió las alarmas en el resto de los implicados, quienes veían en ese acuerdo una luz para sus propias salidas procesales. Hoy, ninguno de los 46 empleados procesados acepta un juicio abreviado si eso implica la “muerte civil” dentro del Estado.
Por otro lado, el frente laboral de los imputados presenta una contradicción insólita. En la Justicia, una condena penal obligaría, en principio, a la exoneración inmediata de los empleados. En la Legislatura, los sumarios administrativos internos concluyeron que no existieron irregularidades, blindando —por ahora— la situación laboral y los sueldos de los investigados.
Ante la imposibilidad de un juicio abreviado, las defensas apuntan ahora a la probation (suspensión del juicio a prueba) o a la reparación integral del daño (ofrecer dinero para cerrar la causa).
No obstante, la fiscal Arturi, apoyada por las querellas de la Fiscalía de Estado y la ONG Poder Ciudadano, rechaza cualquier canje de dinero por impunidad. Para la fiscalía, se trata de un caso de corrupción estructural que afectó el corazón de un poder del Estado, citando como jurisprudencia el rechazo de la reparación económica a los empresarios en la conocida Causa Cuadernos.
El corazón de la acusación se sostiene sobre una mecánica repetitiva detectada por la División Lavado de Activos de la Policía Federal: extracciones totales y sistemáticas de salarios en cajeros automáticos, realizadas de madrugada o fuera de horario comercial, sin que las tarjetas registraran ningún otro tipo de movimiento.
Las cifras del presunto fraude asciende entre enero de 2022 y septiembre de 2023 a $395,4 millones de pesos (monto que se disparará exponencialmente al actualizarse por inflación y si se suman años anteriores).
Para determinar el nivel de responsabilidad individual, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata ordenó un peritaje clave.
Cuatro peritos contables comenzaron a auditar la documentación para establecer cuánto dinero se le atribuye a cada uno de los 43 empleados bajo la lupa. Esta auditoría demandará entre tres y cuatro meses. Recién cuando el informe esté listo, el tribunal decidirá si hay margen para algún planteo alternativo o si se fija la fecha del juicio.
A pesar de que los plazos se estiran, la fiscal Arturi ya diseñó el pedido de penas para el momento en que se abra el debate oral.
Entre los principales imputados aparecen Claudio Albini, como presunto jefe de la estructura y un pedido de pena de 6 años y 4 meses de prisión; “Chocolate” Rigau, como el “tarjetero”, para quien se solicita una condena de 5 años y 6 meses; y Facundo Albini, exconcejal platense y organizador, con 4 años y 3 meses de prisión.
A pesar de la gravedad institucional del escándalo, el fantasma de la cárcel común parece lejano. Tanto Rigau como los Albini gozan actualmente de arresto domiciliario, una condición que, debido a los plazos y las características del proceso, probablemente mantengan incluso si reciben una condena de cumplimiento efectivo.
Con el naufragio de la única vía rápida, el “Caso Chocolate” entra en un letargo técnico. Si los peritajes contables concluyen en septiembre, la maquinaria judicial proyecta las primeras audiencias del juicio oral para marzo de 2027. Para entonces, habrán pasado más de tres años desde aquella noche en que un puntero político fue atrapado in fraganti vaciando un cajero automático en el centro de La Plata.
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