La declaración jurada que en la noche del miércoles presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la posterior entrevista televisiva que dio sembró más dudas que certezas. Tanto en la oposición como en los bloques aliados y al interior del propio oficialismo, donde siguen reclamando que el ministro aclare el crecimiento patrimonial por el que la Justicia lo investiga desde hace más de tres meses.
Antes que favorecerlo, la última aparición pública de Adorni sacudió el mapa legislativo y el funcionario enfrenta hoy un Congreso que lo acorrala desde múltiples flancos: una sesión especial convocada en Diputados para impulsar su remoción; una presión creciente en el Senado que preside la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para que rinda cuentas antes de lo previsto; y el distanciamiento de los dos aliados clave del Gobierno, como el PRO y la UCR, que empiezan a ponerle límites a su apoyo.
Moción de censura
En la Cámara de Diputados, por caso, la oposición convocó a una sesión especial para el martes 23 de con la intención de tratar seis pedidos de interpelación con potencial derivación en un voto de censura, el mecanismo constitucional que permite remover al jefe de Gabinete con mayoría absoluta de ambas cámaras. El último de esos pedidos fue presentado ayer por el radical disidente de La Plata, Pablo Juliano (Provincias Unidas), quien se refirió a las inconsistencias de Adorni en los datos que presentó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde no declaró activos que luego incorporó en su declaración jurada: USD 300.000 supuestamente originados en inversiones con Bitcoin entre 2013 y 2018, con una inversión inicial de USD 200.000.
“El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones”, advirtió Juliano al pedir una moción de censura. Al reclamo se sumó el diputado de la Izquierda, Nicolás del Caño.
“Acá el problema es que Adorni nos mintió en la cara”, protestó un aliado del oficialismo que empieza a tomar distancia del Gobierno.
Uno de los que firmó el pedido de sesión fue el cordobés Carlos Gutiérrez, legislador que responde al gobernador Martín Llaryora. Es una señal de peso dado el tenso momento que atraviesa la relación entre Córdoba y la Casa Rosada tras la media sanción para derogar el régimen de Zonas Frías que beneficia a distintas regiones con subsidios en la tarifa de gas.
La convocatoria opositora, sin embargo, no representa un peligro inmediato: los proyectos no tienen dictamen de comisión y la oposición deberá primero lograr mayoría simple para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento —ambas controladas por La Libertad Avanza— a que los traten. Para avanzar será crucial que los aliados habituales del gobierno se desmarquen para ir contra Adorni.
El Senado presiona
En la Cámara Alta, el cerco sobre el ministro coordinador lo delimita la propia Vice, en conflicto interno con el Presidente y su círculo desde el inicio de la gestión y quien en las últimas horas le envió una carta formal a Adorni exigiéndole que se presente este mes para dar su informe de gestión. Villarruel se amparó en el artículo 101 de la Constitución, que obliga al jefe de Gabinete a concurrir al menos una vez por mes de forma alternada a cada cámara.
El kirchnerismo, liderado por José Mayans, ya había reclamado lo mismo el 8 de mayo sin obtener respuesta. Esta semana se sumó el titular del PRO en el Senado, Martín Goerling, que le pidió a Villarruel convocar a Labor Parlamentaria con ese fin, recordando que el último informe lo brindó el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos en junio de 2025.
Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles 18, a las 18 horas, para definir el tema junto a los jefes de bancada. Adorni evaluaba presentarse recién en julio, pero al Senado se le empieza a agotar la paciencia.
El PRO y la UCR se desmarcan
El escándalo Adorni también reciente el vínculo del Gobierno con los bloques aliados. El PRO publicó un comunicado oficial calificando las omisiones de Adorni como una falta grave e insistiendo en que un funcionario no puede decirles a los argentinos que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. El texto fue precedido por las duras críticas de la senadora Patricia Bullrich, la primera voz oficialista en tomar distancia pública del funcionario. Desde la UCR, también remarcaron que hoy se vuelve “imposible” apoyar reformas como la de la ley de Inocencia Fiscal a la que se acogieron Adorni y su esposa. Y lo mismo dejaron trascender desde el Pro. Dejando en claro que, además de la situación patrimonial y judicial de un funcionario, lo que está en juego es la gobernabilidad.
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