San José 1111, la dirección del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, se ha convertido en noticia por varias cuestiones. Una: trascendió que una sindicalista ligada a La Cámpora, que tiene un contrato millonario con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), compró el piso de abajo del que habita la ex presidenta y eso generó una reacción judicial. Dos: el juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de la ejecución de la prisión domiciliaria de CFK, pidió ayer que se informen todos los movimientos de Cristina dentro del edificio.
La UOM está intervenida. La defensa de los tres sindicalistas que impulsaron la intervención pidió el allanamiento de la propiedad que pertenece a la gremialista Soledad Calle y solicitó que se investigue si los fondos utilizados para comprar la propiedad están vinculados a una posible defraudación en el gremio. La presentación se hizo ante el juez federal Julián Ercolini, que investiga una denuncia contra Calle y Abel Furlán, el ex titular de la UOM, por los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
En ese expediente se investiga a Calle y a Furlán por un contrato firmado en febrero de 2023 que le otorgó a la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), donde la sindicalista es vicepresidenta, la administración de una parte de los fondos de la UOM.
A partir de ese momento, la empresa se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales. Lo más llamativo es que Calle ya aparecía en ese momento como empleada de la UOM y representaba al sindicato ante organismos internacionales.
EL CRECIMIENTO DE SU PATRIMONIO
Después del contrato con la UOM, Calle incrementó su patrimonio de manera vertiginosa. Agosto de 2025 fue un mes especial. El 8, según documentación oficial, adquirió el 50% de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$70.000. Y el 20 del mismo mes compró el primer piso de San José 1111.
El diario La Nación publicó documentación oficial sobre la operación aportada por el abogado Yamil Castro Bianchi, que representa a Angel Derosso y Gerardo Piva, que son los gremialistas que se presentaron como querellantes en la causa y que son opositores a Furlán.
Ese informe de dominio revela que la compra se registró en US$189.000. Sin embargo, Calle negó todo ante la consulta periodística. “Es una disputa sindical y de poder. No tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM”, dijo. Sin embargo, la compra está acreditada y también su condición de empleada del gremio y su cargo en la empresa mencionada, que administra los aportes de los afiliados metalúrgicos.
INFORMACIÓN SOBRE CRISTINA
Por otro lado, el juez Giménez Uriburu le pidió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) la información sobre Cristina.
“Requiérase a la DAPVE que tenga a bien informar si Cristina Fernández de Kirchner registra egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio, conforme la autorización conferida con fecha 17 de septiembre de 2025, más allá de aquellas oportunidades consignadas en algunos de los informes mensuales remitidos a este Tribunal”, dice el oficio del magistrado.
La DAPVE emite informes sobre los movimientos de la ex vicepresidenta, tanto dentro del edificio como los egresos al exterior. En cada uno de esos documentos, se consiga el destino, la hora de salida y de llegada de Cristina Kirchner a su departamento.
En el caso de los movimientos dentro del edificio, figuran como “salida a la terraza” y los respectivos horarios.
Al igual que las visitas, las salidas a la terraza también están reguladas.
La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a salir una vez al día “en horario diurno, entre las 6 y las 20 horas, y por un lapso máximo de dos horas”. El magistrado quiere saber si existe alguna evidencia de que Cristina haya ido al departamento de la sindicalista de La Cámpora, acaso para juntarse con alguien.
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