Las condiciones de seguridad en las redes informáticas y el alineamiento con los estándares occidentales se convirtieron en ejes centrales de la discusión sobre el futuro de los recursos hidrocarburíferos y eléctricos en el país. Durante su intervención en el AmCham Energy Forum, el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, planteó reparos concretos frente al uso de tecnología de origen chino en proyectos estratégicos y supeditó el arribo de mayores inversiones a la adopción de esquemas de control vinculados a Washington.
Ante un auditorio integrado por referentes del sector corporativo, el diplomático de la Casa Blanca se refirió de manera directa a la firma Huawei y cuestionó su participación en obras de infraestructura crítica. En esa línea, sostuvo que la vinculación corporativa con el Estado extranjero representa una vulnerabilidad para el manejo de información sensible. “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino. Eso no vale y tampoco ayudará a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, señaló.
El posicionamiento oficial de la representación diplomática norteamericana ocurre luego de que la embajada realizara advertencias formales a una distribuidora de energía con operaciones en Neuquén debido a un vínculo contractual con la empresa asiática. Para Lamelas, la exclusión de determinados proveedores tecnológicos funciona como un requisito indispensable que exigen los capitales internacionales antes de comprometer fondos en desarrollos locales. “Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza”, indicó, al tiempo que cuestionó la viabilidad comercial de esos equipos aludiendo a las restricciones vigentes en su propio país.
En el plano económico, el funcionario valoró la agenda de desregulación y apertura comercial impulsada por la gestión de Javier Milei, a la que calificó como un paso necesario para reducir trabas burocráticas y estimular la llegada de capitales externos. Según su perspectiva, la estabilidad normativa y la reducción de la intervención estatal configuran el escenario propicio para la radicación de inversiones enfocadas en la explotación hidrocarburífera y minera.
Dentro de los proyectos bajo análisis, el diplomático confirmó el interés de su país en evaluar equipos de financiamiento para la obra de transporte eléctrico AMBA I, un proyecto tasado en unos 800 millones de dólares destinado a descomprimir el suministro en el área metropolitana. Los pliegos vigentes de esa licitación contemplan restricciones para la participación de empresas bajo control estatal extranjero, un recaudo que sintoniza con las exigencias planteadas por la administración norteamericana. “Estamos revisando AMBA I para ver si es posible ayudar con el financiamiento”, manifestó.
Por último, el embajador remarcó la necesidad de acompañar el crecimiento de la actividad mediante la formación de recursos humanos especializados en tecnologías aplicadas e inteligencia artificial. En ese sentido, mencionó programas de capacitación vinculados a la industria y destacó el rol de las entidades empresarias en la articulación de proyectos de desarrollo conjunto para el sector energético.
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