El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó a un paso de ser indagado luego de que el fiscal Gerardo Pollicita lo intimara a dar explicaciones sobre su crecimiento patrimonial en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, se lee en un pasaje que trascendió del requerimiento de Pollicita y cuyo contenido completo no se reveló porque contiene información protegida por el secreto fiscal.
Adorni tendrá un plazo de 15 días para justificar “la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge”, Bettina Angeletti. El período analizado comprende desde que asumió en la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el pasado 27 de junio, más de tres meses después de que estallara el escándalo.
Si las explicaciones que presenta el exfuncionario son consideradas insuficientes por los investigadores, el próximo paso sería un pedido de declaración indagatoria. Esta solicitud puede hacerla el fiscal, pero la decisión de citarlo a declarar como acusado le corresponde al juez del caso, Ariel Lijo.
El dictamen de 207 hojas que Pollicita presentó ante Lijo se apoya en un informe técnico sobre la evolución patrimonial del exvocero realizado por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DAFI). Y está basado en el “análisis conjunto y pormenorizado de la prueba reunida, cotejada con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales públicas y reservadas y sus rectificativas”, todo lo cual “permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial”, según explicaron fuentes al tanto del expediente.
NÚMEROS QUE NO CIERRAN
En su intimación, el fiscal enumeró 20 puntos que Adorni deberá esclarecer. Entre ellos figuran el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero. Tendrá que indicar fechas, importes, movimientos bancarios o bursátiles y mostrar toda la documentación respaldatoria.
Según los cálculos que hace la fiscalía, el exjefe de Gabinete cobró 35 sueldos desde que se sumó al gobierno de Javier Milei, a los que se añaden los ingresos comprobados de su esposa. En total, serían 229.752.283,20 pesos. En el mismo período, el grupo familiar afrontó gastos (incluidos tarjetas de crédito, seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes) por 272.820.832,20 pesos. Adorni debería brindar detalles sobre esa diferencia de 43 millones de pesos que para la Justicia “no encuentran” explicación suficiente.
Además, Pollicita advirtió que hay 402.578,12 dólares cuyo origen resulta difuso y que fueron destinados a la compra y refacción integral de la casa del country Indio Cuá, del departamento de Miró al 500 y de los muebles encargados para esas propiedades. La mayoría de esos pagos en moneda extranjera se hicieron en efectivo, lo que también despierta dudas.
AUMENTO DEL 119% Y SOSPECHAS
Se especifica, por otra parte, la falta de presentación de los anexos reservados de las declaraciones juradadas de su cónyuge en tiempo y forma, y el modo en que concilia los gastos declarados “que, al inicio de 2024, estaban en cero y aumentaron aproximadamente un 119% para final de ese período”.
Entre los puntos a justificar aparecen los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en al menos tres operaciones inmobiliarias del matrimonio.
Por otro lado, el fiscal reclamó explicación sobre distintas “fuentes de financiamiento” como “los mutuos atribuidos a dos familiares, cuya concertación, efectiva entrega y evolución no han sido documentadas”, y los “ingresos exentos, herencias y donaciones a los que se atribuye capacidad explicativa respecto de una parte del incremento patrimonial”.
A Adorni se le pide a su vez que brinde información sobre la intervención de “personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido”. Concretamente, esta exigencia pone la mira en las compras que el exfuncionario platense hizo con tarjetas de crédito de empleados del Gobierno que trabajaban para él.
Otro dato que Pollicita quiere conocer tiene que ver con el origen del dinero con que Adorni inició sus inversiones en criptomonedas, que no incluyó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y con las que luego -cuando ya la Justicia advertía que sus ingresos declarados no se correspondían con sus gastos- pretendió justificar parte de su evolución patrimonial. Fue en una entrevista televisiva que el exjefe de Gabinete aseguró por primera vez que tenía “ahorros en negro” que, según su relato, provenían de operaciones cripto hechas mucho antes de ingresar en la función pública. Basándose en esos dichos, el fiscal le reclama ahora que precise “el detalle de esa operatoria” así como también “el origen del capital con el que afirma haberla iniciado”.
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