No es muy usual y acaso por eso tenga un rasgo noticioso: el fiscal Diego Luciani, quien encabezó la acusación en el juicio por la llamada Causa Vialidad que terminó con la condena de Cristina Kirchner, volvió a poner en el centro de la escena las dificultades que enfrentan los funcionarios judiciales que investigan causas de corrupción debido a las presiones del poder político, recordó las amenazas que él mismo recibió y ponderó la necesidad de sostener la independencia judicial frente a los intentos de condicionamientos.
Fue durante el desarrollo de un panel del Coloquio de IDEA, el encuentro empresario que se desarrolla en Mar del Plata. “La Justicia desde adentro” se denominó ese panel. La presencia del fiscal concentró la atención de los empresarios y es quien, al menos hasta ahora, los hombres y mujeres de negocios más han aplaudido. Casi un tratamiento de héroe.
El panel estuvo conformado, además, por Jimena de la Torre, del Consejo de la Magistratura, quien centró su presentación en el control que la sociedad debe ejercer sobre la Justicia. Y la opacidad con la que ese poder resuelve a veces sus causas
Luciani se llevó toda la atención. “El rol de la Justicia es fundamental para combatir la corrupción. Hay que tener claro que la justicia llega tarde al conflicto, llega cuando las instituciones previas de control no funcionaron, parasitadas por la corrupción sistemática. Hay obstáculos, el proceso penal en sí. Las presiones que debemos tolerar fiscales y jueces en estos procedimientos. A veces uno pierde noción de lo laxo de los tiempos de la justicia”.
Paradoja y presiones
Luego señaló que toda su vida quiso ser fiscal y destacó una paradoja: “Fui nombrado fiscal en el año 2013 por Cristina Kirchner. Esta es la independencia que debemos tener los fiscales y los jueces”. Además apuntó que durante todo el proceso de la Causa Vialidad el tribunal recibió fuertes presiones. Dijo: “Sufrimos muchísimas amenazas. Las presiones del poder político son muy fuertes; pueden ser sutiles. Alguien amablemente intenta incidir en las decisiones. Luego cuestiones indirectas, remover la Corte, reformas, remover al Procurador. Intentos que fracasaron. Luego vienen las directas que vienen con los medios de comunicación colonizados por la corrupción”.
Luciani fue el acusador en el juicio. El tribunal, finalmente, daría a Cristina la condena de 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando dijo lo siguiente: “¿Cómo le explico a mi hijo de 16 años si no hacía lo que tenía que hacer? Que salga un Presidente de la Nación a decir que éramos una mafia judicial. Que salga un Presidente después de mi alegato y diga: ‘Espero que Luciani no se suicide’. Un fiscal que está cumpliendo con su deber. Había que cambiar la historia de este país en materia de justicia y creo que lo logramos en materia de corrupción”. La alusión al suicidio, claro, fue por el caso de Alberto Nisman, que investigaba la causa AMIA. En rigor, hoy la Justicia investiga esa muerte como un asesinato.
Luego de recordar cómo fue el trabajo y el fiscal se preguntó “¿Qué país tendríamos si todo hubiera ido a donde tendría que haber ido? Cloacas, obra pública, infraestructura, rutas, etc. El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada. Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos”.
Preparación y trabajo
El fiscal planteó que el ejercicio de la independencia judicial supone una preparación que va más allá de lo estrictamente jurídico.
“La preparación es mental, profesional, académica y de liderazgo, como liderar frente a estas adversidades”, explicó. En ese sentido, contó que en su fiscalía trabajaban 12 personas y que, además de la investigación sobre la obra pública en Santa Cruz, tenían más de 200 causas vinculadas a otros delitos. Para afrontar el volumen de trabajo, debieron dividir la fiscalía en dos y prepararse especialmente para el proceso.
Emocionado en el relato y muy aplaudido por los presentes, Luciani también recordó el contexto político en el que se desarrolló el juicio. “En 2019 gana las elecciones quien juzgábamos y todo el poder del Gobierno fue volcado en contra de nosotros”, señaló.
De la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados del país, hizo foco en el control de la ciudadanía sobre la Justicia y la opacidad con la que ese poder resuelve a veces sus causas. Puso como ejemplo el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) en el que se cede soberanía judicial para resolver conflictos.
Dijo textual: “RIGI, ¿bajo qué jurisdicción resuelve sus conflictos? Tribunales internacionales. El empresariado no espera nada de la Justicia y el Estado lo reconoce. Faltan mediciones, lo que no se mide no se controla. No se pueden tomar decisiones informadas. Hay un proceso de selección opaco en el que el mérito no es variable de cambio sino cómo los postulantes tocan la puerta. Si no pedimos rendición de cuentas a los jueces es difícil que haya soluciones. La Comisión de Disciplina tramitó 500 denuncias; de ellas, sólo hubo 3 sanciones”.
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