La Corte Suprema restituyó de manera provisoria los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros y modificó el escenario de la disputa en Diputados por el DNU 70/23. La resolución debilitó uno de los principales motivos de la sesión especial convocada por la oposición para el jueves 15 de octubre y dio margen al Gobierno para intentar frenar el rechazo al megadecreto.
Los bloques opositores ratificaron la convocatoria, que también incluye iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar. Sin embargo, todavía no tienen asegurado el quórum: según los cálculos de legisladores que participan de las negociaciones, reunirían unos 115 diputados en el escenario más favorable, 14 menos que los 129 necesarios para abrir el debate.
El nuevo fallo reduce la presión sobre los representantes de bloques provinciales que defendían las restricciones a la venta de tierras, pero no estaban dispuestos a acompañar la caída de todo el decreto. Entre ellos aparecen los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora y sectores de Provincias Unidas.
Dos fallos y una protección provisoria
La controversia se profundizó a fines de septiembre, cuando la Corte resolvió en contra de un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. El tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, sino que consideró que la entidad no tenía legitimación suficiente para impulsar ese reclamo.
Al quedar sin efecto la cautelar de esa causa, recuperó vigencia el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la normativa sobre adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Ahora, en otro expediente, la Corte admitió una cautelar interina solicitada por una organización ambientalista. Con esa decisión volvió a suspenderse provisoriamente la derogación y la Ley de Tierras recuperó vigencia. La cuestión de fondo continúa pendiente de resolución.
La oposición mantiene la convocatoria
Pese al cambio de escenario, los impulsores de la sesión sostienen que la protección de las tierras debe quedar definida por el Congreso y no depender de medidas judiciales transitorias.
Desde Unión por la Patria confirmaron que asistirán al recinto para defender las restricciones a la compra de tierras, los derechos de las personas con discapacidad y las medidas destinadas a aliviar el endeudamiento de las familias.
Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también ratificó su respaldo a la convocatoria. Advirtió que una cautelar no ofrece una solución definitiva y reclamó que el Gobierno no utilice el fallo como argumento para evitar el debate parlamentario.
La discusión había acercado posiciones entre Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales. Pero ese respaldo no se había traducido todavía en los apoyos necesarios para garantizar la sesión.
Con la cuestión de tierras resuelta de manera transitoria, la oposición buscará sumar voluntades a partir de los otros asuntos del temario. También sigue de cerca la marcha universitaria prevista para el mismo jueves, en reclamo de mayor financiamiento, con la expectativa de que agregue presión política.
El Gobierno busca una salida legislativa
El oficialismo intenta separar la discusión sobre tierras del resto del DNU 70/23. Para eso, impulsa la incorporación de un capítulo sobre el tema al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por Federico Sturzenegger.
La alternativa responde también a los planteos de los bloques aliados, que rechazan la posibilidad de hacer caer el megadecreto completo. Esas bancadas advierten que su rechazo podría provocar conflictos por la restitución de normas derogadas y por los cambios introducidos desde su entrada en vigencia.
Para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, fueron convocadas las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar el tratamiento del proyecto.
La iniciativa original del Ejecutivo contenía un capítulo que eliminaba el límite del 15 por ciento a la titularidad extranjera de tierras rurales. Durante las negociaciones en el Senado se evaluó elevar ese tope al 25 por ciento a nivel nacional, sin límites por distrito, pero tampoco hubo respaldo suficiente y el capítulo fue retirado.
Ahora deberá definirse si se incorporarán las disposiciones de la Ley de Tierras o si el oficialismo intentará introducir modificaciones. Según los planteos recogidos entre legisladores libertarios, una de las alternativas es derogar el artículo 154 del DNU y conservar los topes vigentes.
La Libertad Avanza también anticipó que buscará convocar una sesión propia para el 21 de octubre, con los proyectos sobre discapacidad, endeudamiento familiar y Malvinas. Con esa estrategia pretende atraer a los diputados indecisos y reducir las posibilidades de que prospere la convocatoria opositora.
Qué límites establece la Ley de Tierras
La Ley 26.737 fue sancionada en 2011 y regula la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
La normativa fija un máximo del 15 por ciento de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país. El mismo límite se aplica de manera individual en cada provincia y municipio. Dentro de ese porcentaje, las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30 por ciento de las tierras en manos extranjeras.
Además, establece que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o una superficie equivalente según la ubicación del inmueble.
La ley también restringe la adquisición de predios que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y de aquellos ubicados en zonas de seguridad de frontera. Esas disposiciones volvieron a regir de manera provisoria tras la nueva intervención de la Corte.
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