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El Gobierno acusó a la Provincia de incumplir la ley de esencialidad educativa

Aseguran que, durante el paro, la administración bonaerense no garantizó el funcionamiento mínimo del 75 por ciento
Carlos Torrendell / web

Por Redacción

El Gobierno nacional volvió a confrontar con la administración de Axel Kicillof, esta vez por el funcionamiento de las escuelas bonaerenses durante el paro docente del jueves. El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, denunció que la Provincia incumplió la legislación que establece a la educación como servicio esencial, al no garantizar la prestación mínima del 75% de la actividad escolar durante la medida de fuerza.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre Nación y Provincia, atravesado también por el conflicto universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento y las acusaciones cruzadas tras los incidentes registrados durante la movilización frente al Congreso.

En una entrevista con Radio Mitre, Torrendell cuestionó lo que consideró un doble estándar de la gestión bonaerense: mientras reclama al Ejecutivo nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sostuvo, no garantiza la aplicación de la normativa sobre esencialidad educativa en las escuelas de su jurisdicción.

“Numerosos incumplimientos”

El funcionario nacional presentó los resultados de un relevamiento realizado durante la jornada de protesta docente y aseguró que se detectaron numerosos incumplimientos.

“En la muestra que hicimos tenemos 417 actas que se levantaron en escuelas y mirá qué interesante cómo muestra el incumplimiento. Hubo 205 escuelas directamente cerradas, el 50% de las que visitamos”, afirmó.

Según detalló, en otros 82 establecimientos, equivalentes al 20% de la muestra, no se permitió el ingreso de los inspectores. En tanto, en las escuelas restantes, donde sí pudieron realizarse las verificaciones, se constató una elevada ausencia del personal que debía prestar servicios.

“Del personal que debía estar presente estuvo ausente un 72%”, precisó Torrendell.

Los datos corresponden al relevamiento presentado por el Gobierno nacional y no permiten establecer, por sí solos, el nivel de funcionamiento de la totalidad de las escuelas bonaerenses.

El secretario de Educación también remarcó que los equipos directivos tienen la responsabilidad de organizar la prestación del servicio durante las medidas de fuerza.

Fuertes críticas a Kicillof y a los gremios docentes

Torrendell defendió la normativa que establece servicios mínimos durante las huelgas y sostuvo que su finalidad es garantizar la continuidad educativa y proteger los derechos de las familias.

“La Ley de Esencialidad pretende defender a los docentes que quieren dar clases y a todas las familias que tienen que poder llevar a los chicos a las escuelas”, manifestó.

En ese marco, profundizó sus cuestionamientos contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de mantener una relación de cogobierno con las organizaciones sindicales.

“Cuando se cogobierna con las cúpulas gremiales y se hace política educativa no pensando en los docentes o los chicos sino en la política partidaria termina sucediendo lo que acabo de decir”, afirmó.

Las declaraciones sumaron un nuevo capítulo al enfrentamiento político entre el Gobierno de Javier Milei y la administración bonaerense, en medio de los reclamos salariales y las medidas de fuerza impulsadas por los sindicatos docentes.

Qué establece la ley

La normativa mencionada por Torrendell está contemplada en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que sustituyó el artículo 24 de la Ley 25.877 y regula la prestación de servicios mínimos durante los conflictos colectivos de trabajo.

De acuerdo con esa disposición, la educación se encuentra comprendida entre las actividades consideradas esenciales, para las cuales se establece una cobertura mínima obligatoria del 75% de la prestación normal del servicio.

El objetivo de la regulación es garantizar un nivel de funcionamiento durante las huelgas, aunque su aplicación genera controversias por la tensión entre el derecho constitucional a la protesta y la continuidad de las actividades educativas.

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