El canciller Pablo Quirno aseguró que las compañías vinculadas a actividades hidrocarburíferas y sus proveedores ya fueron notificadas. El Ejecutivo busca reforzar las sanciones previstas por la Ley 26.659 y prepara cambios en la normativa.
El Gobierno nacional advirtió a un universo de 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas que deberán optar entre continuar con sus operaciones en el archipiélago o afrontar sanciones en la Argentina.
La información fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que las compañías ya fueron notificadas y que la medida forma parte de la estrategia anunciada por el presidente Javier Milei para desalentar la participación de empresas argentinas y extranjeras en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
Durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones, Quirno sostuvo que el Gobierno busca aplicar la Ley 26.659, que establece sanciones para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
“La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, explicó el canciller.
Según Quirno, el Gobierno busca modificar el escenario de incentivos para las compañías a partir del potencial energético argentino. En ese sentido, planteó que las empresas deberán elegir entre continuar con actividades en un territorio cuya explotación hidrocarburífera Argentina considera ilegítima o desarrollar negocios en el país.
“Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, afirmó.
Sanciones para empresas y proveedores
El canciller explicó que el Gobierno ya definió un decreto reglamentario destinado a agilizar la aplicación de sanciones y ampliar el alcance de las medidas sobre las compañías vinculadas con las operaciones petroleras en Malvinas.
El esquema no se limitará a las empresas directamente involucradas en la exploración o explotación de hidrocarburos. También alcanzará, según detalló Quirno, a proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros, entre otros.
“Todo un universo de hoy 180 compañías”, precisó el funcionario.
Quirno afirmó que las empresas fueron notificadas la semana pasada sobre la situación y advirtió que deberán optar entre abandonar esas actividades o quedar expuestas a sanciones en la Argentina.
Además, el decreto reglamentario incorporó una nueva condición para las compañías que pretendan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los aspirantes deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que no se encuentran en incumplimiento de la Ley 26.659.
El Gobierno prepara cambios en la Ley 26.659
Además del decreto reglamentario, el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659.
Según explicó Quirno, la iniciativa buscará ampliar las herramientas de sanción, pero también establecer mecanismos que permitan a las compañías abandonar sus actividades en Malvinas y posteriormente volver a operar en la Argentina.
El canciller cuestionó que el esquema actual pueda generar un efecto contrario al buscado, al dejar a las empresas sancionadas sin alternativas para regresar al mercado argentino.
“Nosotros tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso, una vez que desestimaste”, sostuvo.
El funcionario vinculó estas medidas con la estrategia energética del Gobierno y con la intención de utilizar los recursos naturales argentinos como una herramienta para fortalecer la posición del país en las negociaciones vinculadas con el Atlántico Sur y la cuestión Malvinas.
Base Naval en Tierra del Fuego
Quirno también relacionó los anuncios con el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, anunciado por Milei.
Según sostuvo, la iniciativa permitirá reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística hacia la Antártida y fortalecer las tareas de vigilancia y prestación de servicios en la región.
“Nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, afirmó el canciller.
El impacto sobre las empresas de Sea Lion
Durante su exposición, Quirno también hizo referencia al impacto de las medidas sobre las compañías involucradas en Sea Lion, el proyecto de explotación petrolera offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El funcionario destacó la evolución de las acciones de las empresas involucradas y sostuvo que las medidas anunciadas por el Gobierno ya habían tenido impacto en sus cotizaciones.
En la jornada mencionada por Quirno, las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum bajaron 2,3% en Tel Aviv.
Sea Lion es desarrollado por ambas compañías: Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35% restante. En diciembre de 2025, las empresas comunicaron la decisión final de inversión para una primera etapa, con una inversión estimada en US$1.800 millones, una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el objetivo de comenzar la extracción en 2028.
El proyecto se encuentra en aguas que rodean a las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina y constituye uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países.
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